El evento Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal con Brasil se realizó el pasado 4 de diciembre y contó con la participación del Cr. Raúl Palacios (Preidente de la CNCS), Cr. Sergio Franco (PwC), Dr. Juan Bonet (Guyer & Regules), Ec. Gustavo Licandro (Licandro & Díaz), Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga (Jiménez de Aréchaga, Viana…

El evento Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal con Brasil se realizó el pasado 4 de diciembre y contó con la participación del Cr. Raúl Palacios (Preidente de la CNCS), Cr. Sergio Franco (PwC), Dr. Juan Bonet (Guyer & Regules), Ec. Gustavo Licandro (Licandro & Díaz), Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga (Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause) y Dr. Ignacio de Posadas (Posadas, Posadas & Vecino).

Abrazo de oso

ARTÍCULO REVISTA COMERCIO & SERVICIOS

Gustavo Licandro, socio del estudio Licandro – Díaz expuso que la inconducta fiscal de países desarrollados, principalmente europeos, precipitó una crisis e invirtió el sentido histórico del flujo de capitales.

Indicó que”En lugar de ir hacia los países desarrollados, los capitales comenzaron a fluir hacia los emergentes, particularmente hacia Asia y América Latina.

Ahí empezaron a preocuparse, porque eso implica menos recaudación, empleo, salario y, en definitiva, menor bienestar para la población”. Agregó que entonces, ”organismos como la Ocde, el FMI y el Banco Mundial, en los que priman sus intereses, comenzaron a exigir la firma de estos acuerdos.

Es muy claro que no persiguen objetivos éticos ni de transparencia, lo que quieren es frenar la salida de capitales de estos países hacia los emergentes. Cuanta más libertad de movimiento de capitales haya en el mundo mayor será la equiparación salarial y de la calidad de vida. Y eso es lo que la Ocde no quiere. La Ocde quiere que los pobres sigan siendo pobres. Por eso levante la cerca para impedir que los que están viendo que sus ahorros se convierten en papel picado salgan de allí”.

Graves impactos

Fernando Jiménez de Aréchaga -socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause- advirtió que los tratados Intercambio de información fiscal producen un impacto grande sobre el secreto bancario y ”son susceptibles de provocar efectos graves”. Recordó que desde 1982 y durante un cuarto de siglo el secreto se aplicó sin inconvenientes, con la presencia en el país de los principales bancos del mundo.

Señaló que en 2007, con la reforma tributaria, comenzó una ”cruzada contra el secreto bancario”, con un gravísimo proceso de perforaciones hasta su derogación tácita con la reforma del Código General del Proceso, aprobada en agosto pasado. ”Es insólito que se derogue el secreto bancario, que forma parte del ADN del país en materia de credibilidad jurídica del Uruguay, sin beneficio para nadie. Es una especie de suicidio”, expresó.

Añadió que el tratado que se está por aprobar con Brasil sigue las premisas de Ocde, por las cuales ningún Estado podrá negarse a dar información a la contraparte utilizando como fundamento la existencia del secreto bancario.

Alertó que tras la salida del Royal Bank of Canadá, como consecuencia de una investigación judicial reclamada por Argentina que se cerró sin consecuencias en ese país, otras instituciones financieras -como Credit Suisse, Raymond James y Lloyds Bank- están analizando retirarse. ”Se está produciendo un preocupante fenómeno de concentración bancaria”, alertó, luego de señalar que disminuyó en casi dos tercios la cantidad en instituciones.

Tras reseñar lo que en su opinión son errores jurídicos incluidos en sucesivas normas, Jiménez de Aréchaga dijo que a nivel de la sociedad ”se ha ido perdido el respeto por el Derecho. Nos acostumbramos a aceptar inconstitucionalidades.

Como que se ha impuesto ese concepto de que lo político está por encima de lo jurídico”.

Más exigencias

Juan Bonet, asociado del estudio Guyer Regules, puso en evidencia que a medida que Uruguay va aceptando requerimientos de organismos internacionales y otros países, van apareciendo nuevas demandas.

”Uruguay ya hizo que lo que tenía que hacer. Ahora que no cambien lo que nos piden. El precio de asumir todo lo que se pide por los países centrales puede ser muy caro”, enfatizó.

En referencia al convenio con Brasil, que ya fue aprobado por el Senado y está a consideración de Diputados, detalló que prevé el intercambio de información relevante a los efectos de la tributación de los dos Estados sobre impuestos de carácter nacional.

Subrayó que, a diferencia del firmado con Argentina, contempla la presencia de inspectores fiscales brasileños en territorio uruguayo. Está establecido que sin expresión de causa el Estado uruguayo podrá negar la llegada de inspectores y, en caso de requerirse revisión de documentos, el contribuyente deberá dar su consentimiento.

Acotó que el convenio también prohíbe las ”expediciones de pesca” de información tributaria. ”Increíblemente la normativa uruguaya es peor que el convenio, porque la DGI sí está autorizada a barrer información por grupo de contribuyentes, como hizo cuando pidió a los información a los colegios y universidades privadas”, apuntó.

Estrategia ideológica

Ignacio de Posadas -socio del estudio Posadas, Posadas y Vecino- manifestó que el acuerdo con Brasil no contiene disposiciones para evitar la doble tributación, porque ”Uruguay entró por el aro y aceptó la posición brasilera de firmar solo los mecanismos de intercambio de información.

De acá en más, los brasileños que piensan invertir en Uruguay sabrán que deben pagar impuestos en los dos países y que el gobierno uruguayo va a ayudar al suyo para que lo hagan. Es directamente contradictorio con la pregonada política de captación de inversiones”. Anticipó que se sienta un precedente para que otros países reclamen el mismo tratamiento, como por ejemplo la posibilidad de enviar inspectores.

”El argumento del gobierno para aceptar las exigencias internacionales fue que había que hacerlo para jugar en primera. Se ha cedido y ya se puede preguntar dónde está la primera y cuáles son los beneficios para Uruguay. Me parece que ninguno”, argumentó.

El ex ministro de Economía consideró que se está ante ”una estrategia del gobierno. Los acuerdos no son un hecho aislado y los requerimientos de la Ocde no explican todo lo que está pasando. Están ocurriendo muchas cosas: la ley de medios, los retrocesos en secreto bancario, las potestades y modo de actuación de la DGI -que ahora quedan en evidencia por el caso Paco Casal, pero muchos empresarios la deben haber experimentado-la ley de Pluna que beneficia al Estado y perjudica a los particulares, la salida vehemente para que no se obligue a dar información. Es decir, a los gobiernos extranjeros sí, a los ciudadanos uruguayos no. Tampoco tiene que ver la Ocde en el decreto que limita la libertad de comercio de las farmacias, que es groseramente inconstitucional, ni el llamado proyecto de inclusión financiera, que elimina la privacidad implícita de las operaciones financieras en efectivo y tiene como fin abrirle más puertas a la DGI”.

”Atrás de todo esto hay una ideología que menosprecia el éxito y el lucro, que sospecha de las actividades financieras. Es una ideología que básicamente desconfía de la libertad y piensa que el único bueno y que tiene razón es el gobierno, lo que lo habilita a aplicar sus creencias a todos los demás, que son malos o ignorantes.

De ahí la muy difícil convivencia del gobierno con el Derecho. Hay que estar atentos, porque vendrá más, o peor”, concluyó.

Una oportunidad

Sergio Franco, socio de PwC Uruguay, evaluó que los cambios derivados de la globalización son inevitables y se seguirán produciendo, cada vez más rápido. Remarcó que se están internacionalizando estándares que ”recogen cada vez más las tendencias de países centrales y organismo internacionales que defienden sus intereses”. No obstante, estimo que muchos de esos estándares son de recibo para Uruguay, porque ”de algún modo están alineados con nuestro modelo cultural. Esos cambios resaltan valores que Uruguay debe mantener a ultranza, como el apego a la ley, el respeto de los contratos y el derecho de propiedad”.

Evaluó que la decisión del gobierno de aceptar el convenio con Brasil forma parte de un ”reperfilamiento de la estrategia de integración regional”, que tiene en cuenta que es el principal socio comercial, que cumple un rol preponderante en la inversión extranjera directa y que cada vez es mayor la presencia de empresas brasileñas en el país”. Resaltó que el convenio prevé el compromiso de alcanzar en dos años un acuerdo para evitar la doble tributación en impuesto a la renta y al patrimonio.

”Estar en sintonía con Brasil también permitirá aprovechar las enormes oportunidades de brindarle servicios, aprovechando nuestras ventajas competitivas”, remató.

Extraído de Revista Comercio & Servicios – Diciembre 2013