Los empresarios están preocupados, además de la ley, por la reglamentación que tendrá la nueva norma de responsabilidad penal que creó un delito y sancionará con prisión el incumplimiento de las normas de seguridad laboral. En estos días, el tema fue abordado por la Cámara de Industrias, la de Comercio y Servicios y también la…

Los empresarios están preocupados, además de la ley, por la reglamentación que tendrá la nueva norma de responsabilidad penal que creó un delito y sancionará con prisión el incumplimiento de las normas de seguridad laboral. En estos días, el tema fue abordado por la Cámara de Industrias, la de Comercio y Servicios y también la Cámara Uruguayo-Alemana, lo que marca la tensión que generó la ley, que fue rechazada por todo el sector empleador y tuvo el apoyo de los trabajadores (ver recuadro).

La experta laboralista Lissy Hernández, del estudio Sanguinetti-Fodere abogados, advirtió que los mandos medios, gerentes y jefes también pueden ser responsabilizados penalmente a pesar de ser trabajadores, en ese caso, calificados. La advertencia está contenida en un documento -al que accedió El Observador- en el que se recuerda que la ley establece como potencial responsable de un accidente “al empleador” o “quien efectivamente en su nombre tenga el poder de dirección de la empresa”.

En el mismo sentido, la doctora Sandra Doldan, de KPMG, estableció que la ley no respeta el principio de tipicidad subjetiva, al no individualizar claramente a las personas que pueden ser responsables por ese delito.

Hernández escribió que en el caso de una empresa unipersonal, la responsabilidad es clara, y el empleador es el titular de la empresa. En una Sociedad de Responsabilidad Limitada los más expuestos serán los socios administradores; y en una Sociedad Anónima los responsables naturales serán los directores. “Ahora bien, la ley no se queda solo con esas figuras y agrega como responsable a una especie de representante del empleador. Ahí es donde gerentes, jefes y hasta mandos medios también pueden ser llamados a responsabilidad penal”, explicó.

La situación se puede dar en empresas, generalmente grandes, donde el directorio delega funciones en mandos de menor rango. De todos modos, dijo Hernández, no está claro si esa responsabilidad penal de los trabajadores calificados puede llegar a eliminar la responsabilidad penal de los socios o directores de una empresa. Es como si los jefes fueran “una especie de escudo protector” de los propietarios de una compañía. “Del texto de la ley parecería que sí (que excluye la responsabilidad de los dueños), ya que vincula a ambos sujetos calificados de forma alternativa, al decir el empleador “o en su caso” quien ejerciera en su nombre el poder de dirección”, afirmó la titular del departamento laboral de Sanguinetti/Fodere.

Durante la discusión parlamentaria del texto, el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustanau, puso el ejemplo de empresas cuyos dueños o accionistas están en el exterior y la responsabilidad sobre las medidas de seguridad la asumen gerentes u otros cargos. “Si el empleador tiene la obligación de seguridad y luego la delega, el que ejerce el poder de dirección va a tener delegado, a su vez, el control y suministro de los elementos que devienen de esa obligación”, afirmó el jerarca.

La doctora Sandra Doldan escribió en el suplemento Café & Negocios de El Observador que “en principio, las personas jurídicas no son imputables penalmente, recayendo la imputación en las personas físicas”. De ahí que la individualización de las personas físicas, que podría ser penalmente responsable, es relevante”, opinó.

Andrés Fostik, directivo de la Cámara de Industrias, señaló la semana pasada a El Observador que en España, luego de aprobada una ley similar a la de Uruguay, representantes de la Confederación Española de Empresas le comentaron sobre la formación de “un mercado extorsivo del trabajo” y otros empresarios consultados reconocieron que la ley puede utilizarse como un elemento de presión en las negociaciones. Un informe del estudio Guyer & Regules también manejó la posibilidad de que la norma se utilice para la obtención de réditos sindicales.

En el Parlamento, la discusión de la ley dividió al Frente Amplio al no estar convencidos seis de los 15 senadores oficialistas, que igual votaron el proyecto. El texto había sido aprobado en Diputados bajo una fuerte presión del gremio de la construcción.

EL OBSERVADOR