A mitad de la tarde del miércoles, cuando aún estaban en discusión dos propuestas distantes sobre el ajuste para los funcionarios públicos, el presidente Tabaré Vázquez laudó a favor de la fórmula que contempla la aspiración de los trabajadores y el compromiso que había asumido el director de la OPP, Enrique Rubio. Con su definición,…

A mitad de la tarde del miércoles, cuando aún estaban en discusión dos propuestas distantes sobre el ajuste para los funcionarios públicos, el presidente Tabaré Vázquez laudó a favor de la fórmula que contempla la aspiración de los trabajadores y el compromiso que había asumido el director de la OPP, Enrique Rubio. Con su definición, el mandatario postergó la propuesta original de Economía de comenzar a aplicar la “semi suma” de la inflación pasada y la futura, para comenzar a desindexar los salarios y que éstos no presionaran a la inflación.

Pese a que el propio subdirector de la OPP, Conrado Ramos, desestimó que la formula acordada signifique un triunfo de su repartición sobre Economía, en otras filas del oficialismo la interpretación es la opuesta. El hecho que desde el fin de semana pasado voceros de Economía, sembraran el terreno en la opinión pública y los sindicatos respecto a que el compromiso de la OPP no sería contemplado, fue considerado en el algunos sectores del Frente Amplio como una “operación política” de integrantes de Asamblea Uruguay contra referentes de la Vertiente Artiguista, como Rubio. A ello se sumó la violación por parte de algún allegado a Astori de dar a conocer eventuales porcentajes de aumentos, cuando la OPP se había comprometido frente a los funcionarios públicos a no manejar ninguna cifra por la prensa hasta tanto retornaran al país Vázquez, Astori y Rubio de la gira por los países asiáticos y se realizará la reunión del Consejo de Ministros del lunes 26. Sin embargo, las informaciones aparecidas en El País respecto a los presuntos porcentajes de aumento, generó malestar en la OPP, por entender que los interlocutores del gobierno con los gremios públicos perdían credibilidad frente a los trabajadores. Eso llevó a que nuevas instancias de negociación entre Economía y la OPP se desarrollarán hasta las primeras horas de la tarde del miércoles, para llegar a una formula de acuerdo. Fuentes del gobierno admitieron que Astori mantenía su postura de comenzar con la desindexación salarial a partir de enero de 2008. No obstante, los cálculos realizados por técnicos de la OPP dejaron al descubierto que aunque se contemplara el 100% del IPC para el próximo ajuste salarial de los públicos, la inflación podría contenerse con la desindexación que comenzaría a regir en 2009. Pero el acuerdo final llegó en el gobierno cuando Vázquez inclinó la balanza a favor de la fórmula de Rubio.

La propuesta de ajuste fue oficializada ayer a los gremios públicos en la reunión del Consejo Superior Público que se realizó en el Edificio Libertad. Tras la primera visión positiva de los trabajadores sobre la propuesta, las autoridades de gobierno brindaron una conferencia de prensa.

Ramos fue conciso respecto al cambio de criterio del Poder Ejecutivo: “El gobierno se reunió y asumió el compromiso de respetar el 100% del IPC”, dijo públicamente. El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Humberto Ruocco, despejó cualquier incógnita sobre el rol de Vázquez en este episodio. “Naturalmente, el presidente es el que manda”, declaró. “Nosotros somos los negociadores, que recibimos siempre de nuestros jerarcas lo que son las decisiones finales. Contribuimos a elaborar las propuestas, pero siempre las decisiones las toman las jerarquías”, agregó.

La sesión del Consejo Superior Público no tuvo momentos tensos, aunque sí hubo reproches de los representantes de los sindicatos estatales a los negociadores del gobierno cuando compararon las cifras finales de los ajustes con las divulgadas días atrás por el director de la Unidad de Presupuesto del MEF, Daniel Mesa. Este funcionario se convirtió en el vocero del ministro Astori durante las negociaciones y fue quien defendió ante el resto del equipo gubernamental un ajuste salarial contemplando un promedio de la inflación de 2007 con la esperada para 2008. Cuando ayer el director nacional de Trabajo, Julio Baráibar, dijo a los sindicalistas que el gobierno otorgará un ajuste para enero de 2008 por el 100% del IPC de 2007 el gobierno desarticuló un seguro esquema de paros y movilizaciones de los funcionarios públicos. “Para el gobierno, los compromisos están para cumplirse”, transmitió Baráibar expresando el mensaje que Vázquez había difundido al resto del Poder Ejecutivo horas antes. El alivio que sintieron los delegados sindicales no impidió que los trabajadores recriminasen en el encuentro la intención primaria del Poder Ejecutivo de no ajustar los salarios por el 100% del IPC de 2007.

GREMIOS DECIDEN. Las primeras apreciaciones de los sindicalistas que negociaron con el gobierno fueron positivas, aunque hubo matices.

Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) se entiende que los guarismos manejados por el gobierno benefician a los empleados de la Administración Central y la enseñanza, pero no tanto a los empleados de las empresas públicas.

Esa misma apreciación la hicieron algunos integrantes de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes consultados por El País.

Sin embargo, y más allá de los matices, los trabajadores entienden como “un logro” que el gobierno cumpla su compromiso de otorgar un aumento en enero de 2008 por el 100% del IPC, según dijo el dirigente José Olivera de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes). El Departamento de Trabajadores Estatales y Municipales del Pit-Cnt se reunirá el lunes para evaluar la propuesta y redactar las conclusiones extraídas, las que serán elevadas al Secretariado Ejecutivo de la central obrera en su sesión del martes. El miércoles volverá a sesionar el Consejo Superior Público en el Edificio Libertad a la hora 11. El objetivo: sellar un acuerdo. Éste deberá ser refrendado por el sindicato de cada rama de trabajadores estatales.