La Cámara de Comercio y Servicios evalúa presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Inclusión Financiera, que introduce cambios en el funcionamiento de pagos del sistema financiero.El anuncio fue realizado ayer por el presidente de la gremial, Carlos Perera, durante una conferencia que contó con la presencia del exministro de Economía Ignacio de…

La Cámara de Comercio y Servicios evalúa presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Inclusión Financiera, que introduce cambios en el funcionamiento de pagos del sistema financiero.

El anuncio fue realizado ayer por el presidente de la gremial, Carlos Perera, durante una conferencia que contó con la presencia del exministro de Economía Ignacio de Posadas, y el presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, Jorge Bergalli.

“Nos queda poca duda de que esto no sea inconstitucional. Estamos analizando muy fuertemente la posibilidad de presentar algún recurso”, afirmó Perera.

La gremial iniciará en los próximos días una ronda de consultas con abogados especialistas para definir los pasos a seguir. Su asesor legal, Juan Mailhos, dijo a El País que la ley “afecta libertades” de los individuos y de las empresas.

“Esta institución es defensora de la libertad. Creemos en las libertades individuales, en que la gente tiene que poder hacer lo que quiere con su dinero, en que el Estado no se inmiscuya en la intimidad de las personas. Esta ley apunta a eso. No nos parece adecuado y nos parece que podría afectar algún derecho constitucional de los ciudadanos”, dijo Mailhos.

Las diferencias de la cámara con los alcances de ley impulsada desde Gobierno quedaron de manifiesto desde el arranque de la conferencia. En este sentido, Perera sostuvo que la gremial “no está en contra” de que haya una ley de inclusión financiera, pero “sí muy en contra de cómo se obliga sin consultar” a todos los sectores involucrados.

El empresario mencionó a modo de ejemplo, que la cámara representa el 60% del Producto Interno Bruto, al 85% de las pequeñas y medianas empresas y al 60% de los puestos laborales, pero “no fue consultada” en la etapa de elaboración de la ley.

Las diferencias con quienes estuvieron a cargo de la redacción de la ley también llevaron a que se aplazara la conferencia que estaba prevista para la semana pasada, debido a que dos días antes de su realización, el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, decidió no participar. “No estaba dispuesto a polemizar sobre la ley”, se limitó a decir Perera.

A su turno, de Posadas fue crítico con la ley y cuestionó tanto su validez jurídica como sus objetivos. El abogado indicó que la ley “no da opción” y “tampoco se restringe a un universo de excluidos o desprotegidos” del mercado financiero, porque también comprende a profesionales y prestadores de servicios independientes, entre otros.

“El motivo no es la inclusión financiera”. (?) No consagra derechos, son puras obligaciones”, indicó. “Esta ley consagra el Gran Hermano. Termina de cerrar entorno al 99% de la población el cerco que liquida su libertad y su derecho a la intimidad. (?) A partir de esta ley el fisco va a tener toda la información que quiera de todos”, afirmó. Agregó que la ley no tiene “ningún fundamento de interés general. Esta ley es claramente inconstitucional. No cumple en ningún caso con el requisito de razones de interés general”, dijo.

Entre otros puntos, la ley prevé que no pueda pagarse en efectivo la compra de bienes y servicios superiores a 40.000 Unidades Indexadas, el pago de arrendamientos y la adquisición de inmuebles y vehículos.

Bergalli puso en duda que las precondiciones manejadas por el Gobierno para que la ley funcione se estén cumpliendo. Esto es, “una amplia oferta de productos y servicios financieros a precios razonables que se adapten a las necesidades de personas y empresas. Parece difícil en un mercado oligopólico o cartelizado”, dijo.