El Poder Ejecutivo vetará la ley por la cual el Parlamento derogó algunos artículos de la rendición de cuentas, anunció a El País el prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa. El veto será interpuesto a tres artículos: uno que devolvía a los funcionarios excedentarios una serie de beneficios extrasalariales, otro que eliminaba la reglamentación de…

El Poder Ejecutivo vetará la ley por la cual el Parlamento derogó algunos artículos de la rendición de cuentas, anunció a El País el prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa. El veto será interpuesto a tres artículos: uno que devolvía a los funcionarios excedentarios una serie de beneficios extrasalariales, otro que eliminaba la reglamentación de causales de destitución de empleados públicos, y otro que autorizaba pagos a trabajadores contratados del Ministerio de Deporte y Juventud. En tanto, la Presidencia evalúa vetar un cuarto artículo, referido a contratos entre el Estado y ex funcionarios públicos jubilados.

Durante una reunión que mantuvieron ayer el presidente Jorge Batlle, Costa y el ministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán en el edificio Libertad, se resolvió la interposición del veto a una ley que aprobó el Parlamento el martes 3 de junio. Tanto Batlle como Guzmán se mostraron visiblemente enojados con la actitud que adoptó el Parlamento.

Si bien la nueva ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras parlamentarias, la Lista 15 respaldará al Poder Ejecutivo, adelantó ayer a El País el diputado Gabriel Pais.

El gobierno tiene plazo hasta el lunes 16 para vetar la ley.

EXCEDENTARIOS. La Presidencia vetará el artículo 2 de la nueva ley, que derogó el artículo 59 de rendición de cuentas. Esa última norma eximía a los funcionarios que fueron declarados excedentarios —sobrantes— de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo. El artículo tenía un doble efecto, en virtud de que al no acudir a sus puestos laborales, los excedentarios perdían el derecho a cobrar beneficios extrasalariales propios de quienes están en actividad.

Legisladores blancos y colorados han fundamentado la derogación del artículo, al sostener como principio general que los excedentarios deben concurrir a sus lugares de trabajo hasta que se les fije un nuevo destino.

El gobierno argumenta que en los hechos, es lo mismo que el excedentario esté en su casa que en su oficina, porque en cualquier caso no trabaja, ya que sobra. Sin embargo, su presencia en organismos públicos implica gastos de funcionamiento (teléfono, luz, café, etcétera) y genera derechos de cobro de los beneficios. Por lo tanto, el artículo 59 implicaba ahorros para el Estado, que se perderían si es derogado.

El senador herrerista, Guillermo García Costa, impulsor de la norma, dijo a El País que esos funcionarios “no tienen la culpa” de ser excedentarios. “Esto es muy claro. Creímos que por lo menos tendrían que trabajar. Aunque sea en otro lugar dentro de la repartición en la que cumplen funciones”, subrayó.

DESTITUCION. En segundo término, el gobierno vetará el artículo 6 de la nueva ley, que eliminó el 73 de la rendición de cuentas. Este último reglamentaba las causales de destitución de un funcionario público (omisión, ineptitud o delito, según la Constitución). El artículo 73 disponía la destitución de los funcionarios que marcaran tarjeta por otros compañeros, que sumen diez faltas injustificadas en un año, o que durante dos años consecutivos obtengan una calificación menor a “satisfactorio”.

Los argumentos que fueron manejados en el Parlamento para derogar el artículo 73 variaron según las distintas fuerzas políticas. El senador del Foro Batllista, Pablo Millor —que introdujo ese punto en el proyecto— dijo a El País que la principal preocupación de su sector es la destitución por baja calificación.

“Los que califican en Uruguay son los jefes de oficina. Muchos de ellos pueden tener antipatía por un funcionario. Y se puede convertir a un jefe en un pequeño emperador decidiendo sobre el destino de las personas”, indicó. Con relación a las otras dos causales, Millor dijo que ya existen.

El gobierno vetará la baja calificación como causal de destitución, y mantendrá las otras dos, comentó Costa.

Otro argumento en contra del artículo 73 lo manejó el senador nacionalista Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista). El legislador afirmó que esa norma es “aberrante”, y que “restringe” las causales de destitución. En contraposición, Costa sostuvo que el artículo no acota los motivos de destitución, sino que a las situaciones que alude les adjudica la capacidad de “configurar” de forma inmediata la causal de despido. Si un funcionario encuadra en una de las situaciones marcadas, entonces deberá ser destituido sin necesidad de pasar por un sumario, como ocurre con otras situaciones.

CONTRATADOS. El tercer artículo que será vetado es el 5 de la nueva ley, que amplió el plazo de gastos en retribuciones personales de empleados contratados por el Ministerio de Deporte y Juventud. A juicio de la Presidencia, la norma implica la generación de un gasto “sin iniciativa del Poder Ejecutivo”, lo cual es inconstitucional, indicó Costa.

Mientras, la Presidencia estudiará si antepone el veto al artículo 9 de la nueva ley, que modificó el artículo 9 de la rendición de cuentas. Este último prohibía al Estado contratar a ex funcionarios que se hubieran jubilado.

Servicio Civil a dos puntas

Un informe que elaboró la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) fue el principal argumento de los legisladores de la Lista 15 para votar en el Parlamento los artículos que ahora vetará el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, mientras los diputados sostienen que ese informe avala las derogaciones que contiene la nueva ley, la Presidencia considera que el mismo documento puede ser utilizado para desaprobarlas.

El estudio, al cual accedió El País, fue enviado el 27 de marzo pasado por el director de la ONSC Santos Marichal al diputado de la Lista 15 Gabriel Pais. En su primer capítulo, Servicio Civil “comparte el criterio medular” del artículo 59 de la rendición de cuentas, ya que a su juicio las retribuciones corresponden al “trabajo efectivamente prestado”. Por lo tanto, sugiere mantener ese artículo, pero aclara que se refiere a los casos de excedentarios que provienen de organismos que fueron suprimidos, como por ejemplo la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE).

En otro capítulo, la ONSC determina que las causales de destitución invocadas en el artículo 73 de la rendición de cuentas ya están previstos en otras leyes, y se pronuncia a favor de eliminar la norma.

En cuanto a los contratos entre el Estado y ex funcionarios ahora jubilados, Servicio Civil estima que no es necesario el artículo de la nueva ley, ya que las normas no son retroactivas. No obstante, aclara que si la intención de los legisladores es habilitar la renovación de los contratos ya existentes, entonces deberían aplicar aditivos al texto legal.

El diputado Pais dijo ayer que el informe de la ONSC dio luz verde para la derogación de los artículos de la rendición de cuentas sobre funcionarios públicos.

En contraposición, fuentes de la Presidencia aseguraron a El País que “la falta de contundencia” del estudio de la Oficina Nacional del Servicio Civil, determina que se pueda “utilizar como argumento tanto para un lado como para el otro”.

Vaivenes de una “ley requeche”

El escándalo que armó la “ley requeche”, “ley miscelánea”, “fe de erratas de la rendición de cuentas”, o “ley ómnibus”, disparó reacciones disímiles en legisladores de todos los sectores. Unos dijeron que la votaron pero que pensaban que era diferente; otros argumentaron que si bien aprobaron la ley, en su momento aclararon que los artículos polémicos no les convencían; otros le asignaron responsabilidad a sus pares de otros sectores. Y otros la defendieron.

En tiendas frentistas, la diputada Lucía Topolansky (MPP) definió a la nueva ley como la “ley requeche”, porque “modifica artículos de varias leyes”. “Como era de requeche se hacía muy difícil diferenciar la paja del trigo”, dijo a El País la legisladora, quien enfatizó que el Frente Amplio la votó “con salvedades”.

Topolansky precisó que en su sector existe “coincidencia” con el veto.

En el Foro Batllista, el diputado Ruben Díaz aseguró que a su sector sólo le interesaba derogar la reglamentación de causales de destitución de funcionarios. “A partir de allí no nos interesa ningún tema”, sostuvo. Asimismo, aseguró que su sector “acompañó” el interés de la Lista 15 por la nueva ley. “El diputado Gabriel Pais negoció con nosotros en nombre del gobierno. Esa es la verdad”, indicó. Lo cierto es que el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, dijo que se enteró de la nueva ley tres días después de su aprobación.

En el Herrerismo, la senador Julia Pou bautizó a la nueva ley como “miscelánea”. Señaló que ninguno de los artículos que serán vetados es de su autoría, y que si bien los votó, ahora descubre que no son lo que pensaba. “Hay extremos que plantea ahora la ley, que no son los que entendimos nosotros cuando lo votamos”, declaró a El País.

Horas antes, en radio Sarandí, el presidente del Directorio blanco Luis A. Lacalle apoyó la posición del prosecretario Costa, y dijo que la nueva ley implicaba “un grave error”.

En tanto, el senador blanco Francisco Gallinal, fundamentó la nueva ley, y subrayó que “la ley es obra del Partido Nacional”.