El BPS hizo solo 11 pedidos a la Justicia para clausurar empresas en los últimos tres años de los que efectuó siete. Aun así, a los comerciantes les preocupa que el Parlamento le otorgue más facultades al organismo y temen perder garantías. La Comisión de Hacienda de Diputados analiza desde el miércoles un proyecto de…

El BPS hizo solo 11 pedidos a la Justicia para clausurar empresas en los últimos tres años de los que efectuó siete. Aun así, a los comerciantes les preocupa que el Parlamento le otorgue más facultades al organismo y temen perder garantías.

La Comisión de Hacienda de Diputados analiza desde el miércoles un proyecto de ley de refinanciación para deudores del Banco de Previsión Social (BPS) que en el artículo 5° le otorga la potestad al organismo de clausurar una empresa por “presunción” de evasión si un juez demora más de tres días hábiles en expedirse.

El presidente del BPS, Ernesto Murro, subrayó ayer a El País que el organismo “no es clausurista” y brindó algunos datos para probarlo.

En el marco de actividades de temporada (entre diciembre y febrero), el organismo solicitó tres clausuras en 2011, solo una en 2012 y ninguna en 2013.

Fuera de temporada, fueron realizadas siete solicitudes de clausura a la Justicia en 2011, que fueron autorizadas en 2012, pero de las siete hubo cuatro casos en que los empresarios acordaron pagar y el BPS no llegó a clausurar, mientras que en tres casos sí se hizo efectiva la clausura.

En tanto, en 2012 y 2013, el BPS no realizó solicitudes (fuera de temporada) de clausura a la Justicia.

En este sentido, el vicepresidente del BPS, Heber Galli, remarcó a El País que “una cosa es tener el instrumento y otra cuánto o cuándo se utiliza”. Agregó que “en cualquier sistema reglamentario hay penalidades para quienes lo incumplen y la efectividad está dada en tener el instrumento, sea efectivamente usado o no”.

Galli también dijo que el objeto central del artículo es que las empresas hagan los aportes que por ley corresponden, “no sancionar, sino recaudar”.

Murro, en tanto, transmitió ayer “absoluta tranquilidad al sector empresarial de que nunca se hizo ni se va a hacer que un inspector clausure una empresa”, ya que la decisión la procesa el organismo.

También insistió en que antes de que la empresa sea clausurada “existen múltiples instancias de garantía para que se puedan defender, instancias administrativas y judiciales”.

El titular del BPS indicó que “pasan meses y años antes de que se solicite la clausura” y señaló que los empresarios son notificados antes de solicitar la clausura a la Justicia.

Por otra parte, dijo que el plazo de tres días que se propone dar a la Justicia para que se expida “no es una innovación, ya existe para la Dirección General Impositiva (DGI) y nadie puso el grito en el cielo por eso”. El proyecto fija este plazo “para equiparar el BPS a la DGI”, agregó.

Murro está preocupado porque este aspecto afecte la aprobación del proyecto de facilidades de pago. “Lo peor que puede pasar es que por alarmas indebidas el proyecto que necesitan los empresarios y las familias de los trabajadores no se apruebe”, afirmó (ver aparte).

El proyecto, que comenzó a ser analizado el miércoles por el Parlamento, debe ser aprobado antes del sábado 26 (un año antes de las elecciones nacionales), según dispone el artículo 229 de la Constitución.

Por su parte, el abogado Adrián Gutiérrez, del estudio Rueda, Abadi, Pereira, dijo a El País que el hecho de que el BPS aplique la clausura directamente “es inconstitucional” ya que viola principios como el derecho al trabajo y al comercio. Agregó que la disposición se asemeja a la potestad que se dio a la DGI. No obstante, dijo que, en los hechos, la DGI “no clausura directamente y espera a que el juez se pronuncie”.
Empresarios.

La Cámara de Comercio y Servicios (CNCS) y el Centro de Almaceneros, Baristas y Afines (Cambadu) rechazaron ayer el artículo 5° del proyecto.

“Nos preocupa porque el BPS tiene que estar sometido a la Justicia como cualquier otro mortal, no puede ignorar los plazos de la Justicia”, dijo a El País una fuente de la CNCS.

A juicio de la gremial, esta nueva disposición “no le da garantía a los comerciantes”. También consideró “un disparate” el plazo de tres días que se le da a la Justicia. “Son plazos más cortos que una acción de amparo”, dijo el informante.

Por otra parte, dijo que si bien el proyecto permite levantar la clausura, si el juez entiende que no correspondía, “¿quién resarce lo que dejaste de vender?”.

Por otra parte, existe malestar en la CNCS ya que las actuaciones inspectivas “son siempre sobre los que están registrados, ¿a los que no están registrados quién los inspecciona?, ¿quién los clausura?”.

El presidente honorario de Cambadu, Mario Menéndez, dijo a El País que no está de acuerdo con que se le otorgue al BPS esta nueva potestad. Sostuvo que “lo normal sería que el juez sea el que define el cierre, pero todos sabemos que el juez en tres días capaz ni ve el expediente”. También criticó que se cierre un negocio en base a una “presunción”, ya que se pueden generar “otras dificultades al comercio”. “Confío plenamente en el directorio del BPS, pero yo no aconsejaría que fuese por presunción. No tengo dificultades de que lo cierre el BPS si hay certeza de evasión”, dijo Menéndez.

Deudas desde el año 2006

El proyecto de ley de refinanciación busca dar facilidades a las empresas que mantienen deudas desde 2006, ya que en los últimos años solo pueden pagarlas al contado o a lo sumo con seis cheques diferidos, explicó el titular del BPS, Ernesto Murro. La iniciativa les da la opción de pagar hasta en 36 cuotas los aportes personales y en 72 cuotas los patronales y se disminuyen las multas y recargos que corresponderían pagar con cheques diferidos. Se dirige sobre todo a actividades incorporadas hace poco a la seguridad social (comisiones barriales, organizaciones sociales, cooperativas, instituciones deportivas y algunas microempresas).

Fuente: EL PAIS  ECONOMIA 19/10/2013 Página 12