Un comunicado de la gremial señaló que existe la ‘imposibilidad de avalar un mecanismo que implica empezar recién próximo a fin de año a recibir documentos compensatorios que se extenderán hasta fines de 2005 y que además no contempla una indexación adecuada de los créditos consagrando de hecho una importante quita adicional’. ‘Una fórmula como…

Un comunicado de la gremial señaló que existe la ‘imposibilidad de avalar un mecanismo que implica empezar recién próximo a fin de año a recibir documentos compensatorios que se extenderán hasta fines de 2005 y que además no contempla una indexación adecuada de los créditos consagrando de hecho una importante quita adicional’.

‘Una fórmula como la propuesta, que consagra una figura asimilable a la de un concordato, no puede ser recibida con beneplácito por los acr! eedores que necesitan en forma imperiosa la recuperación de sus créditos’, agregó.

El decreto autoriza al Ministerio de Economía a emitir a nombre de los acreedores del Estado, Certificados Internos de Crédito, no transferibles, que serán admitidos únicamente por la Dirección General Impositiva, con los cuales se extinguirán los adeudos por tributos nacionales.

Los mencionados certificados tendrán valor cancelatorio de las deudas del Estado y su fecha de vigencia será la correspondiente al vencimiento de cada una de las cuotas.

PLAZO. Los proveedores tienen plazo hasta el 15 de julio para manifestar su adhesión al sistema de compensación establecido en el decreto.

Al vencimiento de cada cuota, los proveedores deberán canjear en la Dirección General Impositiva, los Certificados Internos de Crédito por Certificados Endosables, los que tendrán valor cancelatorio de deudas, intereses y sanciones correspondientes a tributos que administre la direcc! ión mencionada y el Banco de Previsión Social.

En los considerandos del decreto se establece que la experiencia desarrollada con el pago de deudas a proveedores de medicamentos, material quirúrgico menor y otros insumos hospitalarios fue positiva porque da certeza de cobro a los acreedores y porque al Estado la permite asegurarse la cobranza de los tributos y planificar el pago de sus adeudos.

Sin embargo, la Cámara de Comercio entiende que ‘se ha dado un importante revés al principio de respeto de los contratos, hipotecándose, más allá de las anunciadas intenciones de mejoramiento, la credibilidad del sistema de compras futuras que el Estado pretende, de aquí en más, poner en práctica’.

Fuentes de la gremial dijeron que los adeudos comprendidos en el decreto llegan a U$S 33 millones que corresponden a obligaciones que el Estado contrajo con 2.700 empresas.

Los voceros señalaron, además, que se esperaba que el régimen alcanzara a las deudas co! ntraídas antes del 31 de diciembre y que hay decepción porque también comprende a las obligaciones contraídas este año afectando a proveedores que tenían esperanzas de cobrar pronto.

OBLIGACIONES. ‘Al igual que las obligaciones que tiene el Estado de atender al pago de sueldos de los funcionarios públicos y asistir al pago de las pasividades atendidas por el Banco de Previsión Social, las empresas proveedoras, agobiadas por la situación que soportan, se enfrentan a diario con la disyuntiva de sobrevivir en un mercado recesivo, descapitalizadas, limitadas por la casi inexistencia del crédito, y luchando por mantener las fuentes de trabajo que aún conservan’, sostuvo el comunicado.

Las fuentes de la Cámara agregaron que esta deja en libertad de acción a sus asociadas de adherir o de realizar acciones judiciales, camino que algunas ya han elegido. Advirtieron, no obstante, que la empresa que adhiera al sistema previsto en el decreto deberá dejar sin efecto las acciones judiciales que hubiese comenzado.