En la nueva norma quedan comprendidos los establecimientos comerciales de grandes superficies que consten de un área total de 200 metros en adelante, excluyéndose los que se dedican a la prestación de servicios. Además, se establece una escala de multas para las empresas que no cumplen con los requisitos de la ley de grandes superficies,…

En la nueva norma quedan comprendidos los establecimientos comerciales de grandes superficies que consten de un área total de 200 metros en adelante, excluyéndose los que se dedican a la prestación de servicios.

Además, se establece una escala de multas para las empresas que no cumplen con los requisitos de la ley de grandes superficies, que en función de la extensión de los comercios, pueden llegar a 1.000 Unidades Reajustables ($ 217.100).

La nueva norma también modifica la composición de las comisiones departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, que actuarán con autonomía técnica asesorando preceptivamente al intendente del departamento correspondiente. Hasta ahora, el delegado del sector privado en estas comisiones debía ser designado por la Cámara Nacional de la Alimentación y por la Confederación Empresarial del Uruguay, pero ahora la nueva ley señala que “será designado por las entidades más representativas de cada departamento”.

DELEGADOS. Las comisiones también están conformadas por un delegado de los consumidores, otro del Poder Ejecutivo y otro de la Intendencia que corresponda.

Igualmente, las comisiones deberán analizar los proyectos para instalar nuevos emprendimientos comerciales o para realizar ampliaciones de los existentes, siempre que excedan los 200 metros cuadrados y el plazo máximo para dictaminar que tienen se extendió de veinte a cuarenta días hábiles.

Además de los estudios previstos sobre el impacto de las obras que ya se requerían por la ley que se modifica, los inversores tendrán que presentar un análisis sobre el efecto neto sobre el empleo en la zona de influencia y su evolución prevista para el plazo de un año.

La ley determina además que los proyectos sobre los que recaiga una resolución expresa denegatoria no podrán ser nuevamente presentados por el término de 24 meses, si se refieren al mismo lugar o a la misma zona o si sus aspectos principales se mantienen a pesar de que se introduzcan variantes secundarias.

Los intendentes tendrán a partir de ahora la facultad de denegar la autorización para la instalación de establecimientos en función del asesoramiento que recaben de la Comisión Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal.