Desde el inicio de la discusión de la ley, la Cámara de Comercio ha estado en desacuerdo con el sentido real de esta normativa. Se entiende que lejos de tener como fin promover y garantizar la inclusión financiera, sobre todo en aquellos grupos de población más vulnerables, es una ley que obliga a “bancarizarse” y…

Desde el inicio de la discusión de la ley, la Cámara de Comercio ha estado en desacuerdo con el sentido real de esta normativa. Se entiende que lejos de tener como fin promover y garantizar la inclusión financiera, sobre todo en aquellos grupos de población más vulnerables, es una ley que obliga a “bancarizarse” y fija sanciones si no se cumple, dijo a El País el presidente de la entidad, Carlos Perera.

Añadió que las diferentes disposiciones establecidas en la normativa “exceden ampliamente el objetivo de inclusión financiera, poniendo en juego elementos tan esenciales como los son las libertades, derechos y confidencialidad de la personas”.
No obstante, más allá de estas objeciones con aspectos de fondo, “queda claro que una vez que la misma es aprobada, es obligatorio su acatamiento y por lo tanto el sector empresarial debe adaptarse y readecuar su funcionamiento en la empresa para cumplir con las diferentes disposiciones establecidas”. Más aún, desde la propia Cámara se han ofrecido instancias de capacitación, así como charlas informativas para el sector empresarial sobre estos temas, se indicó.

Se establecen nuevas obligaciones que abarcan a distintos sectores de actividad, de forma diferente, y hay determinados aspectos que preocupan a los empresarios privados en general. Las características de las empresas en relación a su sector de actividad, tamaño y locación hacen que los desafíos para adaptarse a esta nueva realidad, difieran.
La obligación de abonar salarios a través de medios de pago electrónicos puede generar dificultades, tanto en materia administrativa como de accesibilidad en el interior del país o en zonas alejadas a las instituciones financieras.

El desafío de adaptación es más complejo aún en determinados grupos de trabajadores, como el servicio doméstico o el sector rural, sostuvo Perera.

Para las operaciones de elevado monto, se establece que sólo se podrán utilizar cheques diferidos cruzados no a la orden, cheques cruzados no a la orden y medios de pago electrónicos en general. De esta forma, se elimina el uso del cheque por parte de las empresas como instrumento de crédito (pago con cheques de terceros, descuento de cheques), erradicando así uno de los medios de pagó más comunes que existe en elcomercio.

Como elemento positivo de la ley se destaca que una mayor utilización de las tarjetas de crédito y de débito generan mayor seguridad al reducir el efectivo en caja disponible en la empresa. Asimismo, el mercado formal se beneficiará por la masificación del uso de los medios electrónicos, ante la competencia del informalismo.

En conclusión, más allá de las limitaciones y aspectos positivos de la ley, se debe de discutir y analizar cuál debería ser el real equilibrio entre inclusión financiera vs fiscalización. La pregunta es: ¿hay realmente necesidad de restringir las libertades individuales de las personas para cumplir con un objetivo de inclusión financiera que se supone de interés general para la sociedad? ¿No se podría haber recorrido otro camino para cumplir con el objetivo de la ley?