El 13 de mayo el Poder Ejecutivo dictó el decreto 184/003, que establece un mecanismo de compensación para las deudas impagas que mantiene la Administración Central con sus proveedores de bienes y servicios, correspondientes a facturas que se encuentren obligadas e intervenidas por el Tribunal de Cuentas antes de la fecha de cierre contable del…

El 13 de mayo el Poder Ejecutivo dictó el decreto 184/003, que establece un mecanismo de compensación para las deudas impagas que mantiene la Administración Central con sus proveedores de bienes y servicios, correspondientes a facturas que se encuentren obligadas e intervenidas por el Tribunal de Cuentas antes de la fecha de cierre contable del ejercicio 2002 y que se mantengan pendientes al 31 del corriente mes.

El régimen al cual las empresas acreedoras podrán acogerse consistirá en la entrega de veinticuatro certificados internos de crédito para el pago de tributos ante la DGI y el BPS, partiendo de las deudas acumuladas al 31 de diciembre del pasado año que a esa fecha serán convertidas a Unidades Indexadas. Estos certificados tendrán valor cancelatorio de deudas, intereses y sanciones a partir de que sean canjeados mensualmente ante DGI desde el próximo mes de noviembre.

La Comisión de Proveedores del Estado, que mantuvo distintas instancias de diálogo con el Ministerio de Economía, no acompañó el régimen por no satisfacer la expectativa de sus entidades.

Fuentes de la Cámara indicaron que la diferencia sustancial radica en la imposibilidad de avalar un mecanismo que implica empezar a recibir a fin de año los documentos compensatorios que se extenderán hasta el 2005. Señalan que no contempla una indexación adecuada de los créditos, consagrando de hecho una importante quita, adicional a los perjuicios sufridos por los proveedores por facturas que en muchos casos datan de más de tres años.

‘Al igual que las obligaciones que tiene el Estado de atender al pago de sueldos de los funcionarlos públicos y asistir al pago de las pasividades atendidas por el Banco de Previsión Social, las empresas proveedoras, agobiadas por la situación que soportan, se enfrentan a diario con la disyuntiva de sobrevivir en un mercado recesivo, descapitalizadas, limitadas por la casi inexistencia del crédito, y luchando por mantener las fuentes de trabajo que aún conservan’, indica la gremial.

La Cámara sostiene que la fórmula consagra una figura asimilable a la del concordato y no puede ser bien recibida por los acreedores que necesitan en forma imperiosa la recuperación de sus créditos. ‘Se ha dado un importante revés al principio de respeto de los contratos, hipotecándose, más allá de las anunciadas intenciones de mejoramiento, la credibilidad del sistema de compras futuras que el Estado pretende poner en práctica’, sostiene la gremial.

‘El plazo que vence el próximo 15 de julio oficiar acomodo de termómetro, para conocer el grado de adhesión individual que la fórmula puede llegar a ! alcanzar. Como alternativa y en la medida que no surjan cambios en tomo a la mecánica prevista, quedará, a las empresas proveedoras, el camino de la reclamación por la vía judicial que a esta altura a parece como la única opción posible a considerar para alcanzar la justa recuperación de sus créditos’, concluye.