El Consejo de Ministros reaccionó ayer en bloque al crítico informe que las principales cámaras empresariales (Industria, Comercio, Mercantil, Federación Rural y Asociación Rural) divulgaron la pasada semana, realizando varios cuestionamientos a la gestión del gobierno, a tal punto que el cónclave acordó responderlos uno por uno, relataron fuentes oficiales a El Observador. “La verdad…

El Consejo de Ministros reaccionó ayer en bloque al crítico informe que las principales cámaras empresariales (Industria, Comercio, Mercantil, Federación Rural y Asociación Rural) divulgaron la pasada semana, realizando varios cuestionamientos a la gestión del gobierno, a tal punto que el cónclave acordó responderlos uno por uno, relataron fuentes oficiales a El Observador.

“La verdad es que hay una gran molestia (en el gobierno) por la forma y el tono, y porque fue más una plataforma política que algo reivindicativo”, dijo uno de los informantes.

El Ejecutivo quedó en evaluar el impacto que tendrá este documento en el diálogo cotidiano con los gremios patronales. La dureza de los cuestionamientos tensan la relación con el gobierno en momentos en que se está iniciando la última negociación tripartita de este período de gobierno para aprobar aumentos a más de medio millón de trabajadores, en el marco de los Consejos de Salarios. “El enojo es unánime”, aseguró una de las fuentes.

Visiblemente molesto por el contenido del documento, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, fue el más enfático y duro de los ministros que se explayaron sobre el tema en el gabinete, relataron fuentes oficiales. En este contexto, se llegó a barajar la posibilidad de quitar los beneficios impositivos que el Poder Ejecutivo le ha ido extendiendo a los sectores en dificultades, como el régimen especial de prefinanciación de exportaciones y la devolución de impuestos indirectos por las ventas al exterior (ver Apunte).

Tras la crisis internacional de 2009, el Gabinete Productivo ha optado por mantener y prorrogar estos paliativos para contrarrestar la pérdida de mercados internacionales y la merma en sus niveles de producción.

Lorenzo dijo que el documento de los empresarios es político; que significa una “plataforma para quien quiera subirse”, y le da “insumos a la derecha”. En ese sentido, consideró que el contenido del informe de las gremiales “está más a la derecha” que el posicionamiento político del líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, relataron participantes de la reunión.

Pero no fue solamente el titular de Economía quien fue crítico con el informe de los empresarios. El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, repasó uno a uno los puntos de reclamo del documento, ante los comentarios de los presentes. “Es injusto”, consideró uno de los ministros. “Se responde solo”, añadió otro ante la lectura de Aguerre de los reclamos empresariales. “Es increíble”, añadió un tercero.

Los ministros se quejaron por la falta de reconocimiento de los logros alcanzados por el gobierno. El presidente de la República, José Mujica, acompañó el planteo de sus secretarios de Estado y coincidió con el malestar de Lorenzo.

El titular de Trabajo, Eduardo Brenta, también intervino en la discusión y realizó algunas consideraciones. Sugirió no confundir, porque el documento no representaba a todos los empresarios, sino a un grupo muy concreto.

En la reunión se manejó que ese tipo de análisis críticos hacia el gobierno del Frente Amplio generalmente se elaboran por funcionarios de las cámaras empresariales que antes ocuparon cargos de gobierno en las administraciones de blancos y colorados.

Costo fiscal

Cuando el senador Bordaberry interpeló a Lorenzo en abril de este año, el titular del MEF detalló el sacrificio fiscal que realizó el Ejecutivo para atender la pérdida de competitividad en 2012.

Ese año, el Estado otorgó US$ 307 millones en subsidios a las empresas que colocan sus productos en el exterior. En esa cifra están incluidos US$ 141 millones de devolución de impuestos indirectos, US$ 56 millones del régimen de prefinanciación de exportaciones, US$ 37 millones en subsidios directos para la industria automotriz, US$ 68 millones de los beneficios impositivos de la ley de inversiones y US$ 5 millones del subsidio de la vestimenta.

Fuente: EL OBSERVADOR | ECONOMIA | 13/08/2013 | Pág . 12