Aunque se trata de un año electoral y con ello disminuido en su tiempo útil de discusión parlamentaria, el Frente Amplio está decidido a impulsar el tratamiento de media decena de polémicas iniciativas que no tienen el apoyo de la oposición. El Senado y la Cámara de Representantes tendrán este año doce sesiones ordinarias antes…

Aunque se trata de un año electoral y con ello disminuido en su tiempo útil de discusión parlamentaria, el Frente Amplio está decidido a impulsar el tratamiento de media decena de polémicas iniciativas que no tienen el apoyo de la oposición. El Senado y la Cámara de Representantes tendrán este año doce sesiones ordinarias antes de la elección interna del 1° de junio, y veintidós más desde entonces hasta el cierre de la Legislatura, que este año electoral caerá el 15 de octubre. Pese a ser un año de mucha actividad electoral, la bancada del gobierno tiene algunas iniciativas a las que quiere asignarle prioridad: las principales son la ley de servicios de comunicación audiovisual (ley de medios); la iniciativa que asigna responsabilidad penal a los empleadores ante la ocurrencia de accidentes; la que dispone la internación de adictos a los estupefacientes y su tratamiento en centros especializados; la que establece sanciones y regula el consumo de alcohol; y la ley de medios electrónicos de pago, o bancarización, en la cual se incluye la rebaja del IVA para determinadas operaciones. Rebaja de IVA. El proyecto sobre bancarización o inclusión financiera se envió al Parlamento en octubre de 2013 y en diciembre se aprobó en la comisión de Hacienda de Diputados con algunos cambios. Por eso, debe pasar por ambas Cámaras antes de convertirse en ley. Es prioridad de Economía -cuando Fernando Lorenzo era ministro- y en la oposición levanta gran resistencia. En diciembre pasado también se aprobó en el plenario de la Cámara de Representantes la ley de medios, con apoyo exclusivo del Frente Amplio. Como particularidad, hubo clara división de posturas: el proyecto salió con 50 votos a favor y 35 en contra. Desde el mes de marzo se analizará en el Senado. Originalmente, la iniciativa establecía que los controles, concesión de frecuencias, inspección de contenidos, aplicación de multas y otros aspectos de la ley lo haría un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Pero luego se resolvió adjudicarle la tarea a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), en lo que fue una de las decisiones más polémicas. También en diciembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que establece un régimen de internación compulsiva de adictos a las drogas para un tratamiento profundo a cargo del Estado. El proyecto pasó a Diputados donde será estudiado desde febrero en curso. Particularmente, este proyecto de ley tiende a cubrir la situación de los adictos a las drogas -sobre todo a la pasta base- que se encuentren en situación de riesgo por acciones violentas contra ellos mismos o su entorno. Responsabilidad penal. Otro de los polémicos proyectos de ley del gobierno espera negociaciones para avanzar en el Senado. El proyecto de responsabilidad penal del empleador en caso de accidentes laborales, que tanta alarma despertó entre los empresarios, quedó frenado en el Senado, al menos hasta marzo. Esto provocó una fuerte división en el Frente Amplio. El proyecto, una de las prioridades que el oficialismo se había fijado para 2013, fue votado en noviembre en la Cámara de Diputados, exclusivamente por los 50 legisladores de la coalición de izquierda, que hicieron oídos sordos a todas las observaciones que formularon las cámaras empresariales, varios juristas y la oposición sobre las inconstitucionales que implicaba esta ley. En el Senado, esas advertencias sí tuvieron eco, y se alzaron voces en la bancada del Frente Amplio diciendo que no estaban dispuestos a votar el proyecto tal cómo había venido de Diputados. Por eso, la bancada de senadores frenteamplistas resolvió aplazar el tema, y fijó como “plazo máximo” para aprobarlo el 12 de marzo. En agosto de 2013, el Poder Ejecutivo envió a consideración del Parlamento el proyecto de ley referido a la regulación del consumo, distribución y expendio de bebidas alcohólicas en Uruguay. En la exposición de motivos se establecen las pautas para el diseño de una estrategia nacional sobre el alcohol y “modificar la cultura de consumo sin afectar las ventajas y beneficios de la actividad económica”. Sin embargo, en las primeras reuniones de análisis, el sector empresarial fue quien más objeciones hizo al proyecto, que aún está a nivel de comisión en la primera cámara y no se le augura una rápida sanción. Se lo llegó a calificar incluso como “prohibicionista” y que no da real solución al problema.