Los empresarios cuestionan al actual gobierno y le señalan que varias de las políticas aplicadas afectan la competitividad de las empresas. El sector sostiene que la administración frenteamplista llevó adelante acciones que son inconstitucionales.  Las cinco principales cámaras empresariales (de Comercio y Servicios, de Industrias, Mercantil, la Asociación y la Federación Rural) presentan hoy públicamente…

Los empresarios cuestionan al actual gobierno y le señalan que varias de las políticas aplicadas afectan la competitividad de las empresas. El sector sostiene que la administración frenteamplista llevó adelante acciones que son inconstitucionales.  Las cinco principales cámaras empresariales (de Comercio y Servicios, de Industrias, Mercantil, la Asociación y la Federación Rural) presentan hoy públicamente un informe crítico con la actuación del gobierno en sus políticas salariales, fiscales, económicas y de regulación laboral. En ese documento, identificaron nueve factores (gasto público, tipo de cambio real, inversión pública, regulaciones, relaciones laborales, ciencia, tecnología e innovación, inserción internacional, educación, seguridad) que afectan la competitividad de las empresas y exigen una “profunda reforma” del sector público para revertir esa situación. Las gremiales entienden que para lograr un mayor desarrollo económico, es prioritario un diseño de relaciones laborales basado en la confianza y la cooperación lo que, dicen, no ha ocurrido desde la llegada del Frente Amplio al gobierno. Sostienen que la ley de Negociación Colectiva “consagró la injerencia del Estado y del sindicato en la empresa, lo cual es violatorio de derechos constitucionales como la libertad de trabajo, el derecho de propiedad y la libertad de comercio e industria”. Y además afirman que las normas laborales deben ser equitativas, equilibradas, eficaces y contemplativas de los intereses, derechos y responsabilidades de los dos actores involucrados: empresarios y trabajadores. El documento asegura que el derecho a la organización y dirección constituyen “el núcleo central de los derechos empresariales. Si se afecta cualquiera de ellos, se está atentando contra la propia existencia de la empresa, afectando la eficiencia y la productividad, así como el crecimiento del aparato productivo, sin que ello beneficie a los trabajadores”. Luego de ponerse en vigencia la normativa, los empleadores recurrieron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que recomendó a Uruguay que realizara cambios a la ley de negociación. Por ese motivo, los empresarios indican que se hace necesario modificar la regulación laboral vigente y las prácticas del Ministerio de Trabajo en el marco de las recomendaciones de la OIT. Para las gremiales, “las enormes rigideces” a nivel salarial, “tendrán consecuencias no deseadas en el empleo cuando la economía muestre signos de debilitamiento como se comenzó a registrar a partir de este año”. Incluso aseguran que los sectores impactados por la caída de exportaciones a Argentina, “son un buen ejemplo de que el sistema no tiene las flexibilidades adecuadas para salvaguardar las unidades productivas y el empleo”. Gasto. Las cámaras expresaron que con un crecimiento económico de entre 3% y 4% para este año y los próximos, la magnitud de los egresos registrados en 2012 presenta un “escenario de gasto insostenible para el país”. Eso genera “una gran incertidumbre respecto al cumplimiento de lo estimado por las autoridades para este año de 2,1% del PIB de déficit fiscal, principalmente al ser 2013 y 2014 años de carrera electoral”, aseguran. Se agregó que de haber aplicado correctas reglas fiscales entre 2005 y 2012 y comparándolas con lo realmente actuado, se hubiera generado un gasto menor de US$ 5.900 millones corrientes en los ocho años, con un promedio anual de ahorro de US$ 733 millones. Inversión. Otro de los aspectos negativos que señalaron las cinco cámaras empresariales se refirió al aporte del gobierno en obras de infraestructura. El documento indicó que si bien la inversión pública creció en los últimos años no se aportó lo que realmente se necesitó. Se informó que estudios privados expresan que en el quinquenio 2010-2014 se debieron invertir en la red vial cerca de US$ 2.000 millones (a precios de 2010). “Esos valores permitirían acompañar el crecimiento del tránsito vial y recomponer las redes de manera de poder acompañar el crecimiento productivo del país. Sin embargo, lo invertido estuvo muy por debajo de lo requerido”, concluyó el escrito. Regulación. Sobre este aspecto, el documento señaló que se debe promover “un proceso de desmonopolización de los servicios públicos continuo”, ya que ellos provocan un sistema de regulación excesivo sobre las actividades económicas. Por ese motivo, se debería impulsar una desmonopolización de los mercados donde la introducción de la competencia trae beneficios para todos, tanto por reducciones de precios como por mejoras en la calidad de los productos o servicios. Los empresarios también solicitaron una revisión de la situación de las empresas estatales que compiten con el sector privado bajo condiciones totalmente diferentes. Dólar y educación. El informe también señala que los precios en dólares domésticos se encuentran 20% por encima de los que resultarían de equilibrio de largo plazo. En ese sentido reconocen las medidas del gobierno para subir el dólar. Cuestionan que se han tomado medidas para mejorar la distribución del ingreso (IRPF progresivo, mayores aumentos a los menores salarios, inclusión masiva al Fonasa o programas Mides) que si bien mejoraron “las condiciones de vida” de población en “emergencia” no ayudaron “a encontrar un sano equilibrio entre distribución de ingreso y distribución de capacidades” lo que “genera incentivos inadecuados para los jóvenes” ya que “no les resulta atractivo invertir en educación” EL PAIS