La actividad reunió a ciento setenta profesionales y empresarios que colmaron el Salón de Actos de la Institución. A continuación, resumimos algunos conceptos vertidos por los expositores. La apertura del evento, estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Cr. Marcelo Lombardi, quien resaltó dos elementos que a…

La actividad reunió a ciento setenta profesionales y empresarios que colmaron el Salón de Actos de la Institución.

A continuación, resumimos algunos conceptos vertidos por los expositores.

La apertura del evento, estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Cr. Marcelo Lombardi, quien resaltó dos elementos que a su juicio marcan la preocupación del sector empresarial.

En primer lugar, cuestionó que el organismo que centralizaría la información sea la DGI. Dicha solución, le otorga más facultades y herramientas que se suman a las actuales, en detrimento de conferir garantías y derechos a los contribuyentes. En su opinión, se deberían evaluar otras opciones para sistematizar dicha información, por ejemplo, en el sector privado a través de un acuerdo fiduciario a favor de gremiales empresariales o estudios profesionales, o instituciones financieras.

En segundo lugar, se obliga a identificar a la institución que viene del exterior sin límite alguno. Esto afectará directamente a sectores muy intensivos en mano de obra como la construcción y los servicios, y pondrá en riesgo inversiones actuales o futuras.

Seguidamente, el Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga manifestó que el presente proyecto atentaría el derecho a la intimidad consagrado en nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales, además de mencionar otros ejemplos de normas y resoluciones que conllevan a la misma solución.

A continuación expuso el Cr. Nicolás Juan, quien criticó que este proyecto de ley, identifique no sólo a los accionistas sino también al beneficiario final. Pero además, consideró cuestionable incluir en la norma a las sociedades del exterior con establecimiento permanente y cualquier sociedad que tenga algún activo en Uruguay. Para dicho expositor, la mejor solución sería transformar en nominativas todas las acciones y que esta información quede en manos de la sociedad como es hoy en día. Asimismo estimó, que correspondería valorar y analizar qué es lo que exactamente pide la OCDE para no extralimitarse en la regulación.  

Luego, el Dr. Carlos Loaiza también puso énfasis en observar cuáles son las solicitudes que efectúa la OCDE a nuestro país y señaló además, que sería conveniente analizar como alternativa la experiencia Suiza.

El expositor Dr. Ignacio de Posadas,  considera que este proyecto sería lo más grave que ha hecho el actual gobierno, por las consecuencias económicas y sociales que tendrá para nuestro país. En efecto señaló: “Acá hay un quiebre fundamental en lo que es la esencia del Uruguay desde hace más de un siglo”.

Cuestionó fuertemente las razones esgrimidas públicamente para impulsarlo y dejó en claro que en su opinión, esto está motivado por preconceptos ideológicos en los que se establece una falsa dicotomía entre el país productivo y el país de servicios.

Finalmente el Dr. Alberto Varela pidió reflexionar respecto a si son éticas o no, justas o no, las presiones que recibe nuestro país desde el exterior.

El especialista estima, que deberíamos cumplir con los mínimos requisitos para evitar tener  problemas y no realizar concesiones sin fundamento alguno.

Asimismo señaló, que el cúmulo de presiones surgen por la crisis internacional y la necesidad de “caja” de algunos países, pero probablemente no dure para siempre ya que el impacto en la recaudación va a ser menor.

Hoy son estos los requerimientos, mañana probablemente sean otros. Cuestionó en definitiva dónde está el límite a la regulación.

Ver video