La implementación de la ley de responsabilidad penal del empleador despertó interrogantes en la Inspección General del Trabajo (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al involucrar a esta dependencia en un proceso penal que escapa a su competencia administrativa. Liliana Dono, directora jurídica de la IGTSS y docente en Salud y Seguridad…

La implementación de la ley de responsabilidad penal del empleador despertó interrogantes en la Inspección General del Trabajo (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al involucrar a esta dependencia en un proceso penal que escapa a su competencia administrativa.

Liliana Dono, directora jurídica de la IGTSS y docente en Salud y Seguridad en el Trabajo, afirmó que la oficina que dirige “no va a dedicarse a hacer denuncias penales” puesto que eso excede su competencia. A la IGTSS le corresponde aplicar sanciones administrativas. Así lo afirmó en un debate organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) sobre las “consecuencias” de la norma para el sector y a la que asistieron  más de 200 personas.

El artículo 2 de la flamante norma establece que los funcionarios actuantes del Banco de Seguros del Estado (BSE) deberán dar cuenta al inspector general si existió “dolo o culpa grave del empleador” en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención para que el jerarca, “bajo su estricta responsabilidad funcional”, denuncie ante el juzgado penal el supuesto delito.

Dono recordó que la IGTSS ha derivado denuncias penales en casos excepcionales, tal vez una por cada período de gobierno, por razones que excedían a la seguridad de los empleados.

La jerarca reconoció que de ahora en más regirá el criterio del inspector general (un cargo político y no de carrera) puesto que la norma lo señala a él. No obstante, agregó que lo más probable es que no se quiera meter en más expedientes porque no es su competencia.

Y explicó: “El MTSS no califica jamás la culpa grave de una actuación. Esto lo hace el BSE cuando decide el recupero. La evaluación está en el monto de la multa de una infracción. Ahora se suma de que si toma esa posición para el recupero (de los gastos generados por la asistencia médica prestada y el dinero necesario para las indemnizaciones), se lo transmite al inspector y que éste va a hacer la denuncia”.

“Nos han preguntado si nos vamos a pasar la vida en el juzgado denunciando incumplimientos. Esa no es nuestra función. Esa no es nuestra competencia. Nosotros vamos a seguir la denuncia administrativa que tiene carriles propios y sanciones propios. Lo penal es otro ámbito”, aseguró.

Una interrogante para Dono es cómo se instrumentará la comunicación entre el BSE y la Inspección del Trabajo puesto que el intercambio de información no siempre ha sido fácil y, además, qué implicará la eventual intervención del inspector general. “Esperemos que no aparezca un fiscal que salga con una cruzada por la seguridad en el trabajo como hay por el medio ambiente”, manifestó en relación al fiscal Enrique Viana, quien se ha dedicado a iniciar causas judiciales en defensa del medio ambiente.

Por otra parte, la experta consideró que los jueces penales “carecen de las herramientas” necesarias para evaluar los casos que se le presenten en el marco de esta ley.
A su vez, los expertos en derecho penal y laboral que expusieron en la conferencia apuntaron que los jueces no son expertos en materia laboral, para determinar quién ejerce el poder de decisión en una empresa, una figura que la norma no ha precisado con exactitud.
“Preveo que la Inspección Nacional del Trabajo se va a convertir en un asesor permanente del Poder Judicial”, dijo Dono. Además, calificó como “sangriento” que los jueces penales no se hayan pronunciado sobre la ley.

Armarse de pruebas
Dono coincidió con el abogado Leonardo Slinger, socio del departamento laboral del estudio Guyer & Regules, en que los empresarios deberán ahora armarse de “pruebas” que puedan presentar ante el juez si alguna vez son denunciadas en el marco de la nueva ley.

Desde el público se escucharon varias preguntas al respecto, en especial, sobre la responsabilidad que puede recaerla a un empleador por los de accidentes de tránsito de su personal, o por accidentes del servicio doméstico, por ejemplo, por un desperfecto en un electrodoméstico o en la red eléctrica de la casa, o por el manejo inadecuado de productos químicos. “¿Y si me denuncia un vecino celoso?”, preguntó un asistente.

En este sentido, la directora jurídica de la Inspección del Trabajo habló de la importancia de ratificar en actas “cuánto le importa” a la empresa la seguridad de sus funcionarios; pero desestimó que pueda aplicarse la ley en un caso de un enchufe en mal estado, salvo que se le dé al personal un aparato con los cables pelados.

“Es el momento para que las empresas adoctrinen fuertemente en seguridad”, apuntó. En el caso de que sea el empleado u obrero el que no cumpla con las medidas que le fueron otorgadas, Dono señaló que debe ser sancionado, debe quedar registro de esa medida en su legajo laboral y su infracción debe ser considerada como mala conducta.

Una de las imprecisiones que los expertos le achacaron a la ley es que no incluye la “culpa del trabajador”. Para Slinger, esto debe ser una causa de exoneración o atenuante para el empleador. “No todo el peso debe caer en la mochila del empleador”, afirmó.

“Ley debe aplicarse al Estado”

Los expertos convocados por la Cámara de Comercio coincidieron en que la ley penal empresarial debe caerle con el mismo peso al Estado, dado que el texto no precisa la figura del empleador ni define, por ejemplo, un número de trabajadores, o giros o actividades específicas. Dado que el artículo 1º castiga al empleador, o a quien ejerciendo en su nombre el poder de dirección en la empresa, “no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación”, el abogado laboralista Leonardo Slinger indicó que la sanción puede afectar desde mandos medios y capataces hasta socios.  Agregó que la ley Nº 16.074 de Accidentes de Trabajo define al patrono como “toda persona, de naturaleza pública, privada o mixta”. La inspectora nacional de Trabajo, Liliana Dono, coincidió en que “no hay nada por lo que no sean perseguidos los organismos públicos”. ¿Pero hasta dónde podría llegar la responsabilidad? Para Germán Aller, profesor agregado de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República, se podría subir “hasta la cúspide” del sector público debido a la vaguedad de la ley.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/274943/inspeccion-de-trabajo-ley-penal-empresarial-excede-su-potestad/