En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, la economista María Dolores Benavente, que es asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y vicepresidente de República Afap, afirmó que es necesario lograr una apertura comercial sana en Uruguay. Dadas sus dimensiones, el país no tiene posibilidad alguna de alterar los términos de intercambio con…

En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, la economista María Dolores Benavente, que es asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y vicepresidente de República Afap, afirmó que es necesario lograr una apertura comercial sana en Uruguay. Dadas sus dimensiones, el país no tiene posibilidad alguna de alterar los términos de intercambio con su política comercial y, por consiguiente, su primer óptimo es la apertura al mundo, que permite determinar a qué actividades se puede dedicar un país. Si ella está bien encarada, la producción local se canalizará hacia aquello en lo que es eficiente, dijo.

—¿Cuáles deberían ser los pasos a ! seguir que permitan a la economía uruguaya salir de la actual crisis con posibilidades de lograr un crecimiento sostenido?

—Con una visión general del país habría que diseñar una estrategia que atienda cuatro aspectos básicos: recuperar la confianza de los inversores, efectuar un ajuste drástico del tamaño y funciones del Estado, hacer respetar el derecho de propiedad y lograr una apertura comercial sana.

—¿Cómo se consigue la confianza de los inversores con un riesgo país que sobrepasa los 2.000 puntos básicos?

—En ese sentido no existen demasiados misterios. El país al igual que una empresa que atraviesa dificultades financieras necesita presentar un plan para que sus acreedores confíen en que honrará sus compromisos de pago. El canje de deuda que está proponiendo el gobierno uruguayo es sólo una etapa. No basta con las buenas intenciones. Lo mismo le sucedería a una empresa seriamente endeudada, si los acreedores comprueban que se continúa despilfa! rrando el dinero por falta de eficiencia en la gestión. Por lo tanto, se necesita un plan de contingencia fiscal creíble en el caso de Uruguay.

Ajuste drástico

—¿No le parece adecuado el ajuste fiscal que el gobierno acordó con el FMI para obtener un superávit fiscal primario de 3.2% del PBI en el año 2003?

—Tiene un serio inconveniente porque es un ajuste por precios y no por cantidades. Aunque se han bajado algunos gastos de funcionamiento y se han logrado ciertos ahorros en las partidas de remuneraciones en base al retiro (jubilación) de un pequeño porcentaje de la plantilla estatal, no se ha practicado una cirugía mayor, es decir no ha habido una reforma drástica del sector público. Me pregunto por qué la administración pública no ha seguido el ejemplo de los empresarios privados que han cortado gastos muy importantes de raíz. ¿Por qué han sido solamente los trabajadores del sector privado quienes tuvieron que perder sus empleos? ¿Por qué ese sacr! ificio no lo compartió el sector público?

—¿Cómo prevé que se financiarán las cuentas fiscales en los próximos años?

—Una parte se va a financiar con el aporte de los organismos multilaterales de crédito. El resto se financiará con el impuesto inflacionario y, quizás, con reservas, dependiendo del éxito de las negociaciones del canje de deuda. Realmente, me disgusta el conformismo de muchos uruguayos, que aceptan que haya que lograrse un superávit operativo a costa de una caída del salario real, de serios atrasos en el pago a los proveedores del Estado y de una presión fiscal altísima, como si no hubiera alguna otra posibilidad para reducir el gasto público.

—¿Qué recortes sustanciales del gasto público son aún posibles?

—Me refiero, por ejemplo, al cierre de varios ministerios e infinidad de unidades ejecutoras. Habría que suprimir todos los ministerios sectoriales (Turismo, Industria, Ganadería, etc.) y crear una única cartera de asuntos eco! nómicos. De ese modo, se lograrían, por un lado, ahorros presupuestales y, por otro, el gobierno funcionaría con muchas menos presiones indebidas. En una democracia es sano que existan los grupos de presión de diversos sectores de la actividad económica; pero no es recomendable que las distintas presiones del sector privado se trasladen al sector público a través de cada uno de esos ministerios, ya que eso no crea riqueza sino que distribuye las rentas de mala manera.

Además, la eliminación de esas dependencias estatales supondría el pasaje de los funcionarios excedentes a un régimen de seguro de desempleo. Estoy pensando en un seguro de paro más generoso que cubra un período más extenso que el vigente. El mismo podría ser de dos años de duración de manera de no agregar problemas sociales hasta que el país salga de la actual crisis. Cuando el gobierno adopte medidas drásticas de ese carácter, recién entonces el plan de ajuste fiscal empezará a ser creíble.

—¿! No resultarían esas medidas muy resistidas en el actual contexto de alto nivel de desempleo?

—Por supuesto, habrá una fuerte reacción de los sindicatos y de los partidos de oposición, pero el enfrentamiento será por una única vez y luego las aguas volverán a su nivel normal cuando los empleados que permanezcan en sus cargos sean remunerados razonablemente. En cambio, si se apuesta a un ajuste fiscal sin tocar las cantidades en forma dramática, el problema se torna muy complicado porque año tras año el gobierno tiene que reducir los salarios de la administración pública y las pasividades mediante ajustes inferiores a la tasa de inflación. Esta política, además de causar desconfianza a nivel general, siempre genera disconformidad que se manifiesta en movilizaciones y paros de los sindicatos y es extremadamente desgastante para cualquier gobierno. Sin duda, la decisión de realizar una reducción drástica del número de funcionarios públicos se va a tener que tomar, más ta! rde o más temprano, por este gobierno o el próximo, porque ya no queda margen para continuar con los maquillajes presupuestales que tratan de bajar algunos pocos puntos del gasto todos los años. Eso pudo haber sido una estrategia útil —que, lamentablemente, no se hizo— en la década pasada durante las administraciones de Lacalle o Sanguinetti, pero hoy son medidas inocuas ante la gravedad de la crisis.

Derecho de propiedad

—Reafirmar el derecho de propiedad figura entre los cuatro pilares de su estrategia para la recuperación de la economía uruguaya. ¿Por qué?

—Un gobierno democrático tiene que hacer valer el derecho de propiedad, que se ha visto seriamente lesionado con las leyes y proyectos de ley de refinanciaciones, con amnistías para deudores morosos, con imposiciones al Banco de la República para que refinancie ciertos sectores, etc. De una buena vez deben empezar a ser respetados los contratos que son la ley entre las partes. También es necesari! o que se hagan respetar los mecanismos que permiten funcionar libremente al mercado.

—¿Desea más regulación para proteger las leyes del mercado?

—Si bien es plausible defender la sana competencia, la disponibilidad de información, la transparencia de los mecanismos que hacen funcionar al mercado, etc., debe aceptarse que es el propio mercado quien mejor regula la actividad económica y quien mejor asigna los recursos.

—Si se confía en el mercado como ‘asignador’ de recursos, ¿qué rol desempeñaría el sector público en ese caso?

—En un esquema donde prevalezcan los mecanismos del mercado, el Estado estaría encargado de hacer funcionar los servicios básicos (seguridad, justicia, etc.). Además, debería facilitar la información que a veces falta, corregir las imperfecciones en el funcionamiento de los mercados mediante la instalación de unidades reguladoras, etc. Para cumplir estas funciones alcanzaría con un Estado chico y eficiente, que actuase co! n pocos empleados bien remunerados, requiriéndose lógicamente una disciplina fiscal estricta.

Apertura comercial

—¿Por qué le asigna tanta importancia a la apertura comercial en su estrategia si ese proceso se instauró hace diez años durante el gobierno del Dr. Lacalle?

—En Uruguay es necesario lograr una apertura comercial sana. Dadas sus dimensiones, el país no tiene posibilidad alguna de alterar los términos de intercambio con su política comercial, de manera que su primer óptimo es la apertura al mundo. Con ese fin habría que levantar toda la maraña de protecciones no arancelarias, como la fijación de precios mínimos, de recargos fictos, de adelanto del cobro del IVA a las importaciones que lo único que consiguen es castigar al consumidor y fomentar el contrabando.

—¿Es razonable que Uruguay adopte una política de apertura comercial si algunos de sus principales compradores subsidian su producción y aplican altos aranceles y otras barreras! al ingreso de nuestras exportaciones?

—A pesar de que duelan mucho las prácticas desleales que aplican los grandes bloques, un país no se puede manejar con criterios de venganza en materia de política comercial, sino que tiene que proceder con racionalidad. Más allá que no se compartan esas políticas macroeconómicas, se pueden entender en la medida que esos países o bloques tienen el poder de alterar los términos de intercambio con sus estrategias comerciales. A modo de ejemplo, en el caso de que Estados Unidos imponga un cupo de importación o un arancel alto a un producto de una nación pequeña, esta última puede llegar a bajar sus precios para acceder a ese mercado inmenso y de alto poder adquisitivo. Eso significa que los norteamericanos tienen poder para modificar los términos de intercambio. En cambio, un país con una economía reducida no debe adoptar políticas proteccionistas si se aplica la racionalidad, porque carece de posibilidades de alterar dichos término! s. Incluso, si ese país establece barreras a la importación, se va a perjudicar a sí mismo no sólo porque traslada el peso de su protección al consumidor sino también porque se puede dar el caso de que las grandes economías decidan sancionarlo dejándole de comprar.

Por lo tanto, lo más eficiente resulta seguir una política de apertura similar a la de Chile, que adoptó un arancel externo para terceros países homogéneo y bajo y que, como política anticíclica, rebajó aún más el nivel de protección en estas épocas de recesión mundial. Si abrirse al mundo resulta difícil para Uruguay y por esa razón se eligió hacerlo primero dentro del Mercosur, nuestro país debe procurar que la región esté abierta al mundo. De lo contrario, se va a repetir el mismo error que se cometió en la década de los años treinta cuando se cerró el país, se implantó el control de cambios y se adoptó la política de sustitución de importaciones, con lo cual comenzamos a transitar una senda de dirigism! o económico e intervencionismo estatal que nos separó cada vez más de los países desarrollados. Reiterar ese error, pero ahora con un mercado ampliado como es el Mercosur, sería imperdonable.

—Los economistas de izquierda sostienen que la política de apertura ha sido nefasta para los intereses de Uruguay porque desmanteló al sector industrial. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—La industria nacional tuvo que hacer la reconversión en la década de los noventa debido al atraso cambiario y no debido a la política comercial. Un país debe tener una industria propia competitiva; pero esa competitividad no puede ser el resultado del intercambio de ineficiencias de los socios dentro de un bloque comercial más o menos cerrado como ha sido el Mercosur. Nuestra industria tiene que ser competitiva en el mundo, si quiere existir. Para ello se necesita que se fijen aranceles de importación bajos a los efectos de que no exista desviación de comercio ni protección artificial d! e industrias y que no sean los consumidores quienes carguen con el peso de un apoyo al sector industrial.

—¿Es competitiva la industria nacional luego de haberse terminado el llamado ‘atraso cambiario’?

—La práctica demuestra que el balance operativo de cualquier empresa uruguaya es competitivo. Sin embargo, las mismas empresas demuestran no poder competir cuando se analiza su balance no operativo (impuestos, intereses, etc.). Por lo tanto, debe dársele armas a la producción nacional para que pueda competir: una presión fiscal reducida y un sistema financiero eficiente que trabaje en un marco de credibilidad en las políticas económicas y, por tanto, permita intereses competitivos en términos internacionales. Así las empresas que sean realmente eficientes no van a necesitar la protección encubierta del Estado.

—¿Qué sectores de la actividad económica se verían beneficiados con una política de apertura comercial sana?

—Esa política comercial per! mite determinar a qué actividades se puede dedicar un país. Si ella está bien encarada, la producción local se canalizará hacia aquello en lo que es eficiente. Aunque en Uruguay no hay mucho que elegir, todos conocemos agroindustrias, servicios y desarrollos tecnológicos que pueden desempeñarse con éxito a nivel local e internacional. Así evitaríamos, por ejemplo, empeñarnos en producir automóviles, que cuestan varias decenas de millones de dólares por año en términos de bienestar perdido por despilfarro de recursos de la sociedad, según resulta del estudio titulado ‘Libre comercio y protección’ publicado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios en marzo del año pasado.

Perspectivas

—¿Es el reperfilamiento de la deuda la solución de los problemas económicos de Uruguay?

—Es una condición necesaria pero no suficiente. Representa sólo uno de los componentes de un menú de objetivos. Sin la reprogramación de la deuda sería muy difícil estabilizar la ! economía uruguaya debido a los costos del servicio de la deuda de corto y mediano plazo; pero hay que encarar la reforma del sector público y del sector financiero.

—¿Qué perspectivas vislumbra para Uruguay si no se concretan las reformas que Ud. propone?

—Lo más probable es que sigamos transitando por la senda de la mediocridad. Así el país continuará dependiendo de alguna mejora de la economía argentina y otro tanto de la brasileña para que el PBI pueda crecer algún punto. A su vez, cuando las economías de la región desmejoren, nuevamente volverá a emigrar la mano de obra joven y calificada porque las generaciones que las precedieron no tuvieron la valentía de llevar a cabo las reformas imprescindibles. Espero que esta crisis tan prolongada y profunda sirva al menos para despertarnos y hacernos ver la imperiosa necesidad de que el país adopte otra actitud ante los problemas y no apueste a seguir postergando su solución definitiva.

Libre competencia !

—Recientemente el ministro de industria anunció que su cartera impulsará la aprobación de una ley antimonopolio. ¿Apoya Ud. esta iniciativa para garantizar la competencia en el mercado local?

—Por el momento sólo conozco un proyecto de ley de defensa de la competencia, cuyo estudio está muy avanzado en la Comisión Especial para el Estudio de Soluciones Legislativas referentes a la Libertad de Comercio en el Uruguay de la Cámara de Diputados y que cuenta con el apoyo de los representantes de todos los partidos. Me parece que sus objetivos e implementación son muy peligrosos porque una vez que el Estado incursiona en el mercado pretendiendo regular la actividad de los particulares termina interviniendo en todas las actividades del mercado. Así, por ejemplo, cuando se habla de ‘precios predatorios’, me pregunto quién los va a fijar y cómo va a hacerlo. ¿Vamos a terminar fijando precios, cuyos resultados han sido siempre desastrosos? Se entra muy fácilmente en el! camino de la regulación del mercado, pero después se hace muy difícil salir del mismo.

—¿Cómo se pretende defender la libre competencia en ese proyecto?

—No comprendo por qué este proyecto de ley crea otra unidad reguladora cuando ya existen varios artículos de la Ley de Urgencia I que protegen la competencia y el libre acceso al mercado y un decreto reglamentario que ha encargado a la Dirección General de Comercio (DGC) que ejerza esa función. Incluso se cuenta con el apoyo del Fomin (Fondo Multilateral de Inversión) para fortalecer la tarea de la DGC y lograr una mejor aplicación de las normas vigentes.

—¿Por qué no existe una ley antimonopolio propiamente dicha en Uruguay?

—Las dimensiones del mercado uruguayo son tan reducidas que los monopolios naturales se dan en casi todas las áreas de la actividad económica local. Sería preferible que se establecieran normas muy generales, se fortaleciera a la DGC y se promoviera la utilización de med! ios alternativos especializados para la resolución de conflictos empresariales, como es el Centro de Conciliación y Arbitraje, que funciona en la órbita de la Bolsa de Comercio desde fines de 1995. Los casos sometidos a la consideración de sus tribunales, que cuentan con reglas claras y están formados por profesionales con amplia experiencia empresarial, agilizan la duración del proceso —por ejemplo, lo que en un arbitraje se puede resolver en una semana, en la justicia convencional demora meses— con el consiguiente abaratamiento de los costos, que se fijan en proporción al monto del litigio. Además, estos tribunales pueden actuar con mayor flexibilidad y especialización, adaptándose a cada caso concreto en un marco de confidencialidad.