El 60% de los afiliados de los 600.000 miembros de la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (CNSEF) se han adherido hasta el momento a la huelga, informó Antonio Perera Lima, del comité organizador del paro. “A lo largo del día se ha ido ampliando el movimiento en algunos estados”, agregó, aunque hasta el…

El 60% de los afiliados de los 600.000 miembros de la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (CNSEF) se han adherido hasta el momento a la huelga, informó Antonio Perera Lima, del comité organizador del paro.

“A lo largo del día se ha ido ampliando el movimiento en algunos estados”, agregó, aunque hasta el final del día no será posible establecer datos más precisos y en qué medida han afectado el trabajo, aunque se han comprometido a mantener servicios mínimos.

Otras categorías de funcionarios estaban decidiendo todavía este martes si se suman a la huelga, como es el caso de los profesores de las universidades federales; hasta el momento 15 de los 57 centros de altos estudios se han adherido al movimiento de protesta, según informó a la AFP Jeanette Luzia Leite de la Asociación Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (ANDES).

La huelga no tiene apoyo unánime. La recién creada Central Única de Funcionarios Públicos (CUP), que engloba a 53 entidades, está contra la huelga, al igual que la Confederación Nacional de Trabajadores (CUT), que ha elegido presionar a los diputados para que aprueben alguna de las 453 enmiendas presentadas al texto del proyecto.

El presidente de la CUP, Reinaldo Puggi, señaló que su organización no está contra la reforma. “Queremos discutir nuestras propuestas”, dijo. Otros sindicatos han decidido hacer un paro de 72 horas y convocar una asamblea para decidir la continuación de la huelga.

Los sindicalistas en huelga han criticado la reforma y se han declarado traicionados por Lula, un ex líder sindical metalúrgico, a quien le han recordado que hasta antes de llegar al poder se oponía a una reforma al sistema de pensiones. “Teníamos un matrimonio de más de trece años con Lula y tras haber asumido la presidencia nos apuñaló en la espalda”, declaró Joao Sobral, presidente del sindicato de los policías federales del estado de Bahia.

Desde el gobierno se han multiplicado los llamamientos a la negociación, aunque ha advertido que no habrá cambios en los puntos principales en el proyecto enviado a la Cámara.

Este prevé la imposición de una alícuota del 11% a los pensionistas que ganen más de 370 dólares, aumentar en siete años la edad mínima para la jubilación, a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, y fijar una pensión máxima de 828 dólares para las pensiones tanto del sector público como del privado, así como la creación de un fondo de pensiones complementario.

“La huelga no afecta a las reformas. La huelga es un derecho del trabajador. Sólo afectaría si los diputados hiciesen huelga, lo que no es el caso”, dijo Lula, ex sindicalista, en la inauguración de la feria del zapato Francal, en Sao Paulo, este martes.

El ministro jefe de la Casa Civil o coordinador político del gobierno, José Dirceu, aseguró este martes que el gobierno no va a retirar el proyecto del Congreso. “Eso no es posible y el gobierno no lo hará”, subrayó antes de agregar que tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad.

“El presidente Lula reiteró que cualquier cambio en la reforma de las pensiones depende del Congreso. Y desde el punto de vista del gobierno (la reforma) debe ser extendida a todos los funcionarios públicos”, aseguró. El ministro de las Pensiones, Ricardo Berzoini, no consiguió el lunes por la noche convencer a los sindicatos a desconvocar esta huelga.

“No hubo voluntad política de abrir el proceso de negociación y prefirió transferir el debate al Congreso”, justificó Perera Lima. En previsión del paro, el gobierno ha contratado a 3.800 personas para asegurar el mantenimiento de los servicios básicos, en particular el de la Seguridad Social, uno de los más sensibles de la administración federal.

(AFP)