La medida que se propone, según los jerarcas municipales, tiene por objetivo fomentar la industria del cine nacional, que por razones en su mayor parte originadas en la crisis económica, no está recibiendo los aportes institucionales otrora percibidos. Como primera cuestión nos parecen positivos los intentos que se vienen realizando con el fin de desarrollar…

La medida que se propone, según los jerarcas municipales, tiene por objetivo fomentar la industria del cine nacional, que por razones en su mayor parte originadas en la crisis económica, no está recibiendo los aportes institucionales otrora percibidos.

Como primera cuestión nos parecen positivos los intentos que se vienen realizando con el fin de desarrollar una cinematografía nacional. Si bien los emprendimientos de hacer cine en Uruguay podrían remontarse prácticamente hasta la época de su introducción en el Río de la Plata, podremos coincidir que recién en los últimos años las producciones nacionales está llegando a niveles de calidad aceptable.

Lo que no nos parece conveniente es la iniciativa con la que se descuelga la Intendencia. Fundamentalmente por dos razones: por un lado porque aprobar la medida implicaría aceptar que un organismo público dictamine acerca de lo que los espectadores pueden o no ver. Se dirá que no es así, porque el impuesto propuesto puede ser absorbido por las exhibidoras y solamente en un pequeño porcentaje debería ser trasladado al costo de las entradas, pero a poco que se razone se percibe que hay un error en el planteo.

Por un lado, las empresas exhibidoras no están en las mejores condiciones de asumir el costo del impuesto. No lo están porque se encuentran abocadas a la amortización de las deudas contraídas para la realización de los complejos cinematográficos que son los que han devuelto a la gente la costumbre de ir al cine.

Lo medular de nuestra preocupación radica en que con el impuesto proyectado se está coartando la libertad del público de elegir lo que tiene la real gana de ver. Con la aplicación del impuesto generaremos que las entradas para ver una película francesa o norteamericana valgan más cara que una venezolana.

Piénsese si este criterio fuera aplicado a otros tipos de bienes culturales: los libros, los discos, los cuadros, etcétera. ¿Un libro de autor latinoamericano no pagaría nada y uno de autor español si?

La argumentación municipal está basada que con ese proceder se logrará promover la diversidad cultural. No parece muy sensato afirmar que la diversidad cultural sea alcanzable por medio de la aplicación de un impuesto. Pero, además, las manifestaciones de la Intendencia dejan entrever que las propuestas culturales que se consideran valiosas y por ende deseables de difundir son la de origen latinoamericano, excluyendo por lo tanto al resto del universo, conformando así una suerte de “autoritarismo cultural”, donde algunos más sabios que el resto de la población indicarían qué es lo bueno y qué es lo malo.

Estos planteos están muy lejos de nuestro pensamiento y de nuestras tradiciones. La cultura puede y debe ser promovida, mas es la gente la que con sus decisiones premia y castiga, elige o rechaza lo que quiere ver o no ver, escuchar o no escuchar. Esas decisiones no son ni pueden ser patrimonio de nadie, por más sabio y erudito que se pretenda ser.

Confiamos en que se recapacite y que se retire la iniciativa. Sería un precedente que, lamentablemente, tiempos malos nos harían augurar.