La solución permitiría cancelar deudas por 30 millones de dólares, dijo Sapolinsky.El jerarca explicó que se trata de un mecanismo voluntario y que esos certificados pueden abarcar la totalidad de la deuda, así como en forma parcial, incluso discriminando entre los organismos deudores.Agregó que es un nuevo instrumento que les permitirá a los proveedores tener…

La solución permitiría cancelar deudas por 30 millones de dólares, dijo Sapolinsky.

El jerarca explicó que se trata de un mecanismo voluntario y que esos certificados pueden abarcar la totalidad de la deuda, así como en forma parcial, incluso discriminando entre los organismos deudores.

Agregó que es un nuevo instrumento que les permitirá a los proveedores tener certeza del cobro, y consideró que serán ‘muchas’ las empresas que se acogerán a él.

Son unas 2.700 empresas las que se encuentran en esta situación ya que en algún momento de los últimos cuatro años fueron contratadas por el Estado y aún no han podido cobrar.

Más allá del mecanismo propuesto por el Ejecutivo, Sapolinsky dijo que ‘estamos retomando un flujo más razonable en el pago de las deudas y lo que establecemos con este mecanismo es una ayuda para quienes les sirva’.

Agregó que para los proveedores que decidan no aceptar la propuesta, se mantendrá ‘el pago habitual del Estado, porque si bien en algún momento se generaron algunos atrasos, ahora hemos retomado un ritmo más razonable de pago, pero todo está de acuerdo a las posibilidades de la Tesorería’.

Algunos proveedores, en tanto, consideran que si suscriben al nuevo mecanismo, ‘hasta noviembre no veríamos un peso’, lo que fue rechazado por Sapolinsky, ya que ‘los pagos de los distintos organismos se siguen manteniendo, y el acuerdo establece que las cuotas, que serían reajustadas en Unidades Indexadas, correrían a partir de noviembre, pero aquellos que no se acojan siguen manteniendo sus derechos y van a c! obrar cuando corresponda’.

El rechazo de la CNCS

La Comisión de Proveedores del Estado de la Cámara Nacional de Comercio rechazó esta semana el decreto del Poder Ejecutivo que habilita la conversión a Unidades Indexadas al 31 de diciembre de 2002 de los créditos a favor de los proveedores del sector público. Según el texto, esas deudas podrán ser pagadas en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas, a partir del 1Q de noviembre de este año.

La gremial afirmó que existe la ‘imposibilidad de avalar un mecanismo que implica empezar recién próximo a fin de año a recibir documentos compensatorios que se extenderán hasta fines de 2005 y que además no contempla una indexación adecuada de los créditos consagrando de hecho una importante quita adicional’.

Agregó que ‘una fórmula como la propuesta, que consagra una figura asimilable a la de un concordato, no puede ser recibida con beneplácito por los acreedores que necesitan en forma imperiosa la recuperación d! e sus créditos’.
El decreto del Poder Ejecutivo autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir a nombre de los acreedores del Estado, Certificados Internos de Crédito, no transferibles, que serán admitidos únicamente por la Dirección General Impositiva, con los cuales se extinguirán los adeudos por tributos nacionales.

Estos certificados tendrán valor cancelatorio de las deudas del Estado y su fecha de vigencia será la correspondiente al vencimiento de cada una de las cuotas.

Se establece además que los proveedores tienen plazo hasta el 15 de julio para manifestar su adhesión al sistema y que al vencimiento dé cada cuota, los proveedores deberán canjear en la Dirección General Impositiva, los Certificados Internos de Crédito por Certificados Endosables, los que tendrán valor cancelatorio de deudas, intereses y sanciones correspondientes a tributos que administre la dirección mencionada y el Banco de Previsión Social.

El decreto toma en consideración la ex! periencia desarrollada con el pago de deudas a proveedores de medicamentos, material quirúrgico menor y otros insumos hospitalarios, la que es evaluada en forma positiva porque da certeza de cobro a los acreedores y porque al Estado le asegura la cobranza de los tributos y planificar el pago de sus adeudos.

Para la Cámara de Comercio, con esta nueva modalidad ‘se ha dado un importante revés al principio de respeto de los contratos, hipotecándose, más allá de las anunciadas intenciones de mejoramiento, la credibilidad del sistema de compras futuras que el Estado pretende, de aquí en más, poner en práctica’.

Diversas fuentes datan en unos U$S 33 millones los adeudos comprendidos en el decreto y corresponden a obligaciones que el Estado contrajo con 2.700 empresas.

‘Al igual que las obligaciones que tiene el Estado de atender al pago de sueldos de los funcionarios públicos y asistir al pago de las pasividades atendidas por el Banco de Previsión Social, las empresas pro! veedoras, agobiadas por la situación que soportan, se enfrentan a diario con la disyuntiva de sobrevivir en un mercado recesivo, descapitalizadas, limitadas por la casi inexistencia del crédito, y luchando por mantener las fuentes de trabajo que aún conservan’, afirmó el comunicado.