Seguramente se conozcan las respuestas que a esta altura son obvias: un nuevo ajuste, que modificará las metas del ‘programa’ y las pagará el sector más débil de la sociedad – trabajadores, jubilados y pensionistas- y concreción de la venta de activos; y justamente por eso es que la inquietud debería hacerse explícita.Preocupa al gobierno…

Seguramente se conozcan las respuestas que a esta altura son obvias: un nuevo ajuste, que modificará las metas del ‘programa’ y las pagará el sector más débil de la sociedad – trabajadores, jubilados y pensionistas- y concreción de la venta de activos; y justamente por eso es que la inquietud debería hacerse explícita.

Preocupa al gobierno y al Fondo Monetario Internacional que la meta prevista para este año en materia inflacionaria de 27% no se cumpla por lo que se debe plantear una meta más modesta de tan ‘solo’ 19%. Esto que podría ser una buena noticia para cualquier cristiano con sentido común para este gobierno no lo es, pues significa que la caída del salario de los trabajadores no será lo suficientemente importante como para ‘bajar’ el gasto y lograr así el superávit primario -antes de pag! ar los intereses de la deuda- del entorno del 3% exigido por el FMI.

La recesión impuesta por este programa ha llegado a niveles tan profundos que la gente no consume y como no consume los precios caen y por tanto la inflación baja y si bien el canje de los bonos de deuda evitó declarar el default -la cesación de pagos- la situación persiste: el gobierno necesita más pesos. Los pocos que ingresan deben rápidamente convertirse a dólares para seguir honrando la deuda, como se hizo entre jueves y viernes de esta semana cuando se pagaron 160 millones de dólares de intereses a parte de los bonos canjeados y 40 millones de dólares a los intermediarios de la Bolsa de Valores que actuaron en la operación canje. 200 millones de dólares que son parte del traslado de la renta nacional a particulares. Deuda externa que generó la propia política del gobierno que favoreció que un sector de la economía se apropiara de la renta nacional donde el eje fue y sigue siendo, el sistema fina! nciero,

‘Necesitamos tener superávit fiscal para pagar la deuda porque si no lo hacemos nos quedamos sin crédito internacional’ se ha dicho más de una vez para justificar esta política, pero el país lo que necesita no es que traigan plata si no que no se la lleven.

Por eso es que el Vicepresidente de la República advierte que la próxima Rendición de Cuentas será gasto cero y se da el lujo de decir públicamente en distintos medios de prensa que ‘evitamos default pero no quiere decir que hayamos ganado recursos y ahora nos ponemos a repartir alegremente’ o ‘que estemos en condiciones de no subir tarifas públicas’. Y con gran desparpajo recuerda que ‘No hay que vender la piel del oso antes de cazarla’, después de no solo haber vendido la piel sino al oso y toda su familia.

‘Estamos ante presiones de los deudores, de los funcionarios públicos que siguen pensando en la lógica de las viejas rendiciones de cuentas y creen que cada invierno es tiempo de cosechar, cuando no ! es así. Es tiempo de seguir cuidando los pesos’, le dijo el Vicepresidente de la República a los legisladores de la coalición que no olvidan que en menos de un año hay elecciones. Y agregó, ‘por ahora es muy claro que Uruguay no tiene condiciones estructurales para despedir a 100 mil funcionarios públicos’

Por otro lado el presidente de la Cámara de Comercio Horacio Castells, pide el envío al seguro de paro de 100.000 funcionarios públicos por ser ellos ‘la mayor limitante del crecimiento del país’. Y el Senador del Encuentro Progresista Frente Amplio Danilo Astori dice que ‘De una vez por todas tendremos que empezar a terminar con esos funcionarios públicos que no necesitan del Estado y que el Estado no necesita de ellos. Porque esta situación está inflando enormemente el gasto público está impidiendo entre otras cosas que el Estado retribuya dignamente a los funcionarios que debe retener’, y, cuando analiza el crecimiento del gasto en seguridad social no se acuerda del ! dinero que el gobierno traspasa a las AFAPs, por ‘administrar’ el ahorro de los trabajadores, y le carga las tintas al envejecimiento de la población, el informalismo entre otros.

Entonces de este nuevo acuerdo nada bueno puede salir. Ya subieron las tarifas públicas y volverán a hacerlo en agosto, se incrementó el IMESI [el impuesto que se aplica a los combustibles), se gravó con IVA el transporte, el incremento salarial no será superior al 2% y seguramente en agosto será a la baja; sólo faltaría algo así como el despido masivo de funcionarios públicos los que parecen ser junto con jubilados y pensionistas, los grandes responsables de la crisis.

No sabemos cuanto más profundo podrá llegar a ser este ajuste, no porque el gobierno y el FMI no sean capaces de profundizarlo, para ellos es cuestión de números y porcentajes, sino por la capacidad de la gente a resistirlo. Y tememos fuertemente las consecuencias que pueda traer, no olvidemos que ya hemos tenido muertes por h! ambre. Pensamos entonces en lo que pasó en Argentina a fines del 2001 y lo que está sucediendo hoy en Perú.