En una polémica decisión que despertó el rechazo conjunto de trabajadores y empresarios (dos sectores que no suelen coincidir en sus planteos), el gobierno decidió aumentar por inflación las tarifas de telefonía (que no se ajustaban desde 2005) y por encima de ese nivel a la electricidad y el agua. La decisión busca generar mayores recursos a las arcas públicas, ante el alto déficit que tiene el país.

Por entonces, el entonces ministro de Industria, Roberto Kreimerman, había señalado que esa decisión posicionaría a Uruguay en los primeros lugares de la región en cuanto a menores costos energéticos, según lo sostiene un artículo publicado por el portal de Presidencia el 2 de setiembre de 2014.

Sin embargo, la decisión fue diametralmente opuesta, y el Directorio de UTE resolvió elevar desde el pasado miércoles las tafias de todas sus categorías (residencial,general simple, inteligente y grandes consumidores) en un 9,85%, cifra superior al registro inflacionario de 2015 (9,44%). Es la primera vez desde 2010 que las tarifas de electricidad ajustan al iniciar el año por encima de la inflación.

UTE explica a través de un comunicado que la suba está “en consonancia con los lineamientos recibidos desde el Poder Ejecutivo”. El presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, había manifestado su intención de que el ajuste fuera menor a la inflación.

El comunicado de UTE agrega que el incremento permitirá “mantener la solidez económica y financiera”, y mantener “un plan de inversiones adecuado y asegurar el pago de los gastos de operación y mantenimiento necesarios para el nivel de actividad previsto para el 2016”.

Las críticas a la decisión no demoraron en llegar, y provinieron tanto del sector sindical como empresarial, aunque con enfoques diferentes entre sí.

Por un lado, desde el sector empresarial, representantes de las principales cámaras criticaron duramente la decisión asegurando que agrega dificultades a las empresas, perjudican la competitividad del país, y reduce la rentabilidad.

“Hay industrias que ya tienen muy poca rentabilidad. Esto es como querer matar a la gallina de los huevos de oro”, afirmó el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo, en declaraciones al diario El País.

El industrial indicó que los ajustes repercutirán en la competitividad de las indusr trias en un escenario ya afectado por la caída de las exportaciones y con menos puestos de trabajo.
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural (ARU), Ricardo Reilly, lamentó que “nuevamente se utilizan las tarifas como brazo recaudador y evidentemente estamos frente a un ajuste fiscal”. “Estamos pasando de ser un país de carga fiscal elevada a excesiva”, agregó.

El presidente de la Unión de Exportadores, Alvaro Queijo, también coincidió en que hay un “ajuste fiscal”. “Parece injusto porque el mal manejo de las empresas públicas se soluciona con aumento de tarifas cuando se tiene que trabajar en eficiencia y productividad”, señaló al citado medio. También el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, valoró que el aumento de la electricidad “se va a trasladar a precios, sin duda, a la industria, a la producción, al campo, en lo que sea. Es una locura”. Criticó que el gobierno reclama esfuerzos al sector privado, pero no toma medidas en contrapartida.

Del otro lado, el sindicato de trabajadores de UTE (AUTE) señaló que el ajuste es “una fuerte embestida por parte del gobierno hacia la masa de trabajadores del país”. Según explica en un comunicado, es posible para el ente realizar una rebaja de la tarifa eléctrica residencial. “Modificando la estructura tarifaria, la cual es totalmente injusta, se puede rebajar la tarifa eléctrica al pueblo, generando una mejor y verdadera redistribución de la riqueza en el país a favor de los trabajadores”, señala el comunicado que critica que “los medianos y grandes consumidores pagan la mitad de lo que pagamos los trabajadores” y que “el peso de la tarifa para los hogares es 10 veces mayor que para las empresas”.

De igual forma, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que se manifiesta “en contra de la utilización de nuestras empresas públicas como entes recaudadores” e insiste en la necesidad de gravar “a los sectores más ricos de la sociedad” si es que se quieren resolver “las dificultades fiscales”.

Pero la luz, no fue lo único que aumentó.

Las tarifas de Antel aumentaron desde el primero de enero entre 9,4% y 9,5% en promedio en sintonía con el aumento de precios en la economía durante 2015 (9,44%), según informó al diario El País el presidente del ente, Andrés Tolosa. El ajuste fue consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y afectó mayormente a los planes de internet que subieron entre 10% y 25%.

El cargo mensual de telefonía fija subió a $158, pero se mantuvieron los precios del minuto para las llamadas locales (fija y móvil).

OSE por su parte resolvió un aumento de 9,85% que también está vigente desde el 1° dé enero y establece nuevos cargos fijos para clientes residenciales, comerciales e industriales.

Fuente: CRONICAS ECONOMICAS – 15/01/2016