Comunicado de Prensa

A raíz de las recientes propuestas presentadas desde el gobierno respecto a la aplicación de un ajuste fiscal, nuevamente surge la interrogante desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, respecto a quiénes o cuáles han sido los verdaderos responsables de que la economía uruguaya presente en la actualidad un resultado deficitario de su sector público de 1.917 millones de dólares, equivalente al 4% del PIB, y sobre el cual se hace imperioso actuar para evitar entrar en una fase aún más comprometida en cuanto a estabilidad macroeconómica y al crecimiento del país para los próximos años.

Al analizar la evolución de los egresos del sector público no financiero entre el año 2005 y la actualidad, es posible establecer claramente la evolución alcista que han tenido: en términos constantes implicó un aumento de 91%, es decir que casi se duplicó el gasto en el período analizado. En términos corrientes, mientras que en el año 2005 el gasto público ascendía a 4.200 millones de dólares anuales, en el 2015 dicho valor alcanzó los 15.360 millones de dólares.

A su vez si se toma en cuenta qué sucedió con el nivel de actividad económica, es posible establecer que en estos últimos diez años el PIB aumentó en términos constantes un 58,7%. Queda entonces de manifiesto cómo los gastos del sector público han aumentado por encima de las capacidades productivas de la economía.

Asimismo, uno de los aspectos en los cuales se traduce este incremento del gasto público, es el aumento del ingreso de trabajadores al Estado. Particularmente, en 2015 el gasto en remuneraciones implicó un desembolso de U$D 2.464 millones, mientras que en términos de evolución de funcionarios públicos, en el año 2014 había 66.366 más que en 2004, los cuales explican más de la cuarta parte del déficit fiscal vigente

En agosto del año pasado, en momentos de discusión de la ley de presupuesto la Cámara ya había propuesto a las autoridades la necesidad de atacar este crecimiento sostenido de los vínculos con el Estado, es decir detener por 5 años el ingreso de nuevos funcionarios y trabajar en mejoras de productividad, con el objetivo de que el peso del gasto en remuneraciones (más allá de los ajustes legales que surjan de las negociaciones salariales entre las partes) no suponga una presión adicional sobre el resultado de las cuentas públicas para los próximos años.

En relación al conjunto de medidas propuestas por las autoridades, que asciende en términos de dólares a recomponer las cuentas públicas para los próximos años en 500 millones de dólares, solamente el 30% de dicho monto corresponde a una reducción de los gastos por parte del sector público, mientras que el restante peso del ajuste recae sobre el sector privado. Esto se traduce en un aumento de la presión tributaria que debe enfrentar el sector privado, lo cual significa no sólo un cambio en las reglas de juego sino también se vulnera uno de los grandes valores positivos de toda sociedad como lo es el principio de la veracidad, generando un perjuicio al sector empresarial que desarrolla su actividad económica a nivel local, a lo que se podría sumar el desaliento a la llegada de nuevas inversiones.

Si bien se argumenta por parte de las autoridades la excesiva rigidez del gasto y la imposibilidad de actuar sobre el mismo, esto claramente no resulta válido. En primera instancia porque fue la propia autoridad de gobierno que decidió durante los últimos diez años a través de su mandato aumentar los niveles de gasto por encima de las capacidades productivas de la economía, como se mencionó anteriormente, En segundo término, el ingreso de nuevos funcionarios al Estado no es resultado de ninguna norma constitucional, por el contrario, nuevamente fue el propio gobierno el que tomó estas decisiones.

Por último, este paquete de acciones propuesto no sólo llega a destiempo, sino que tiene un trasfondo en un presupuesto aprobado el año pasado en el que se proyectó un aumento del gasto para los años siguientes, siendo conscientes del escenario de vulnerabilidad económica que el país ya estaba enfrentando y que tendría un fuerte impacto en un mayor deterioro de las cuentas públicas. Es decir, se puso en riesgo la sostenibilidad de la planificación financiera del sector público, como resultado de una tendencia creciente del endeudamiento público.

 

Montevideo, 2 de junio de 2016.