El tema tomó estado público el viernes, cuando el subsecretario de Economía y Finanzas, Álvaro Rossa, se reunión con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, José Luis Puig, y la asesora económica de la institución, María Dolores Benavente.
La delegación de la Cámara empresarial entregó a Rossa algunas propuestas de caminos a emprender para aliviar la puesta al día del Estado con sus proveedores, las que Rossa prometió serán analizadas.
Aunque las partes guardaron reserva sobre el contenido de las propuestas, se estima que se manejarían alternativas para aliviar parte de cargas impositivas a acreedores del sector público.
Puig se manifestó satisfecho con los contactos mantenidos porque estimó que consiguieron expresarle al gobierno la inquietud de los proveedores para obtener satisfacción a sus acreencias, y porque no fueron al encuentro con sus manos vacías, sino con ideas para alcanzar una salida.
“Fuimos con el planteo que el ministro recibió y prometió que será estudiado, y le expresamos nuestra preocupación, la de la Comisión de Proveedores del Estado, por el atraso en los pagos que se está verificando; creo que la reunión fue provechosa”, dijo Puig.
El empresario estimó que la deuda está en algo más a los 100 millones de dólares, y afirmó que sus datos coinciden con los que dispone el gobierno, aunque señaló que el análisis que las partes hacen de estas cifras es diferente en algunos temas.
La deuda del Estado a sus proveedores recibe el nombre de deuda flotante, porque su monto fluctúa todos los meses, aunque el sector privado nota una mayor retracción en los pagos públicos, lo que provocó la inquietud y el pedido de entrevista en el Ministerio de Economía y Finanzas, para finalmente ser recibidos por Rossa.
Más allá del resultado que emane de estos encuentros, Puig y Benavente consideran que es un paso adelante que el Estado y la Comisión de Proveedores del Estado comiencen a intercambiar información sobre la deuda, para actualizar hasta las expectativas.