La instancia se gestó semanas atrás en Ginebra durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a pedido de los dirigentes del Pit-Cnt. Sin embargo, el encuentro sólo sirvió para que nuevamente quedaran marcadas las distancias existentes, al punto que hubo momentos de discusión y rispidez.
Los reparos empresariales a la ley se basan, entre otras cosas, en que prácticamente cualquier tema de una empresa puede ser llevado a un Consejo Superior Tripartito que se crea por el artículo 7 del proyecto y tiene la competencia “coordinación y gobernanza de las relaciones laborales”.
Empresarios y trabajadores están representados en este Consejo, pero la mayoría de sus integrantes, que votan individualmente, está en manos del Poder Ejecutivo. Y el órgano puede ser llamado a decidir sobre “las condiciones de trabajo”, tema tan abarcativo e ilimitado que puede comprender cualquier cosa, desde el pago de varios aguinaldos adicionales a beneficios para la familia, o aún el rechazo a una incorporación de tecnología que pudiera significar mejor producción con menos operarios.
Los empresarios entienden que de este modo pierden el efectivo gobierno de sus empresas, y en ese sentido hasta han establecido una acción en la OIT para solicitar amparo a sus puntos de vista.
Estas columnas insisten sobre la necesidad de que amplios acuerdos entre empresarios y trabajadores potencien la productividad nacional. Pero esos consensos no se construyen a partir de imposiciones y mucho menos situando a los empresarios en condiciones de inferioridad frente a una actividad gremial que no aparece muy preocupada ni por la productividad ni por el crecimiento de las empresas.