El Estado destituyó a un funcionario por día durante los últimos tres años, por las causales de ineptitud, omisión o delito, según datos oficiales a los que accedió El País. Entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, fueron destituidos 1.094 empleados públicos, de lo que surge un promedio…

El Estado destituyó a un funcionario por día durante los últimos tres años, por las causales de ineptitud, omisión o delito, según datos oficiales a los que accedió El País.

Entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, fueron destituidos 1.094 empleados públicos, de lo que surge un promedio de uno por día; la cantidad de destituciones fue en aumento cada año, si bien en el primer cuatrimestre de 2003 el ritmo se desaceleró (ver cuadro).

Precisamente, un artículo de la última rendición de cuentas endurecía las causales de destitución, pero fue derogado por el Parlamento días atrás. Por ese motivo, el Poder Ejecutivo envió ayer un veto al Senado, con el objetivo de mantener dos causales que reglamentaba el artículo: marcar tarjeta por otro funcionario, y acumular diez faltas injustificadas en un año.

En la actualidad, el marco legal no establece un máximo tolerable de faltas injustificadas, y apela al criterio de los jerarcas de turno para considerar lo que es “abusivo” o no. Es de uso en la administración pública que la suma de 20 faltas sea considerada abusiva. A partir de ello, se inician procesos engorrosos, que incluyen sumarios, apelaciones, etcétera.

Consultado sobre las últimas estadísticas sobre destitución de funcionarios, el prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa reconoció a El País que la cantidad es mayor de la que esperaba, pero advirtió: “Lo que uno no sabe es qué sucedería con la aplicación del artículo de la rendición de cuentas, con normas más duras como estas”.

Costa sostuvo que la intención gubernamental es “establecer causales de destitución que sean razonables para cualquier organización”.

Los datos sobre destitución de funcionarios, que fueron recabados por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) incluyen a todos los funcionarios del Estado, salvo los del Ministerio de Defensa Nacional y los que trabajan en los gobiernos departamentales.

Previo a su destitución, los funcionarios son objeto de un sumario administrativo; la ONSC envía un dictamen al organismo de referencia, por el cual recomienda el despido del trabajador. Sólo en casos excepcionales el organismo desestima la recomendación de Servicio Civil.

El Estado tiene 234 mil funcionarios, según el último informe de la ONSC, que fue concluido ayer. El 65 por ciento de ese total están en condición de “presupuestados” (inamovibles); sólo para que los presupuestados de la Administración Central (Ministerios y Presidencia) y de los gobiernos departamentales sean destituidos, es necesario que el Senado apruebe una venia. Pocos casos se producen en ese sector, ya que el Parlamento aprueba en promedio 30 destituciones por año, según datos publicados por el diario El Observador en noviembre de 2001. Por otra parte, la relación de funcionarios de Administración Central y de gobiernos departamentales, con el resto de la plantilla estatal, es de tres a siete.

El 30 por ciento del total de funcionarios tiene contratos de función pública; de hecho también son inamovibles, pero su diferencia con los presupuestados (de Administración Central y gobiernos departamentales) radica en que su destitución no requiere venia de la Cámara Alta. A ellos se suman todos los presupuestados de entes autónomos y las otras clases de contratos que hay en el Estado.

VETO. En tanto, el gobierno vetó ayer la “ley requeche”, que el Parlamento había aprobado el martes 3 de junio, y con la cual se habían derogado la reglamentación de causales de destitución, así como la eliminación de la obligatoriedad de concurrencia al trabajo de los funcionarios excedentarios.

“Nuestro mensaje es claro. El Poder Ejecutivo entiende que en situaciones graves, como la registración de asistencia de un funcionario por parte de otro, y la inasistencia injustificada por más de diez días en el año, la sanción debe ser única e inequívoca: la destitución”, señaló el Ejecutivo en su resolución.

En cuanto a los excedentarios, el Ejecutivo argumentó que “la norma parte de una realidad: en la práctica, la movilidad horizontal de un funcionario no se produce de un día para el otro”. En esa línea, sostuvo que al no concurrir a su oficina, no adquiere derecho a cobrar por determinados conceptos y permite al Estado obtener ahorros. Como agregado, el gobierno estableció el mantenimiento de esas condiciones incluidas en la rendición de cuentas, pero a partir de los 60 días de la declaración de excedencia.

Por organismo

– La mayoría de los funcionarios públicos destituidos entre enero de 2000 y diciembre de 2002 corresponde al Ministerio del Interior (646 en un total de 1.094). En segundo término se encuentra Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), con 85 destituidos.

– La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se encuentra en tercer lugar, con un total de 64 funcionarios despedidos. Otros organismos que destituyeron empleados durante el período de referencia son el Banco República (21), la Administración Nacional de Correos (21), la OSE (27), la UTE (23), la Universidad de la República (27), el Banco de Previsión Social (17), Antel (19), y la Dirección General de Casinos (14).

– En los informes oficiales que fueron tomados como fuente se aclara que los datos pueden ser objeto de mínimas variaciones, en virtud de que en algunos casos la destitución no se formalizó aún.