Brasil ya cambió su regulación laboral y Argentina habla de hacerlo.

El 9 de septiembre el argentino Marcos Galperin, fundador de la compañía Mercado Libre, compartió con sus más de 27.000 seguidores de Twitter un mensaje. A su juicio, la reforma laboral que el Congreso de Brasil había aprobado en julio daba tres alternativas a Argentina: seguir los pasos del país más grande de Sudamérica, abandonar el Mercosur, o “resignarse a perder millones de empleos” a manos de Brasil.

Así, Galperin logró sintetizar los temores que la ley brasileña provocó entre sus vecinos del Mercosur. Es que no son pocos —gobernantes, empresarios y sindicatos— los que entienden que el gigante norteño gana competitividad flexibilizando su mercado laboral y deja en una posición incómoda a sus socios del bloque. “Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar”, dijo en agosto el canciller Rodolfo Nin Novoa. “No seguiremos el camino de Brasil”, sostuvo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en aquella ocasión.

La iniciativa del gobierno de Michel Temer —que entrará a regir en noviembre— introdujo una serie de modificaciones en el mundo del trabajo. Entre otros, la jornada laboral podrá llegar a 12 horas (hasta el momento el límite era ocho con la posibilidad de hacer dos más extra), facilita el despedido de personal, flexibiliza la modalidad de contratación, quita poder a los sindicatos y resta fuerza a la negociación colectiva al tiempo que brinda a los acuerdos entre el trabajador y la empresa mayor protagonismo.

Argentina también coquetea con introducir cambios de esta naturaleza. Si bien se da por descontado que la administración de Mauricio Macri no moverá ninguna ficha hasta después de las elecciones del 22 de octubre, el propio mandatario ha hablado de este tema públicamente. Brasil ha generado una situación “desafiante” para Argentina con su reforma, dijo Macri a Bloomberg días atrás, y añadió que su gobierno “tratará” de implementar ajustes para competir con su vecino, aunque aclaró que por ahora estos cambios se harán por industria y no a nivel global.

Agenda.
¿Cómo pega esto en Uruguay y en su competitividad? “Tiene un impacto sin lugar a dudas”, dijo la socia de Ferrere, Verónica Raffo. La abogada añadió rápidamente que, de todas maneras, el análisis no debe ceñirse a lo que pasa en la región sino que también el mercado laboral local está desafiado por otros fenómenos, como el avance tecnológico.

“No tenemos que focalizarnos solo en lo que esto nos puede afectar la competitividad sino que las razones para generar una eventual reforma también están dadas porque la regulación hoy no se adecua a la realidad actual y sobre todo a la que se viene del mundo del trabajo”, planteó.

La experta agregó que los cambios que ya introdujo Brasil y los que evalúa Argentina tendrán con seguridad efectos en los costos de la mano de obra en esos países. Fruto de esto, y sobre todo en los casos de inversiones intensivas en empleo, Uruguay corre el riesgo de “perder” frente a sus competidores de la región. Para Raffo, de todas maneras, Uruguay no debe “salir a las corridas a copiar soluciones” sino que tendría que evaluar los pasos a seguir, sobre todo teniendo en cuenta “las tendencias del nuevo mercado laboral”. Para esto, es necesario el diseño de una “agenda nacional” que sirva como hoja de ruta de aquí en más.

“Lo importante es que los actores sociales, cámaras empresariales y sindicatos, tomemos consciencia que, ya sea por esta reforma como por lo que se viene en el mundo del trabajo, es necesario revisar lo que tenemos hoy y ver qué es lo que deberíamos poner en agenda para volver a Uruguay más competitivo”, sostuvo Raffo.

Por su parte, el director del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, Milton Castellano, coincidió en la necesidad de aunar esfuerzos para discutir el futuro del trabajo en el país. “Venimos insistiendo con el gobierno” para que se instale un ámbito de este tipo, dijo.

La reforma brasileña y la posibilidad de que Argentina tome una decisión similar generan “preocupación” en la central sindical. “Es un retroceso para la región”, indicó Castellano. Según él, estas medidas apuntan a una “desregulación” del mercado de trabajo, lo que puede provocar rebajas de salarios y pérdida de derechos para los asalariados.

Consultado acerca de la posibilidad de que esto deje a Uruguay en inferioridad de condiciones frente a sus vecinos, comentó que es algo que inquieta al Pit-Cnt, pero se opone a que la competitividad del país “esté basada en que los trabajadores no tengan sus derechos”.

Las asimetrías que esconde el índice de competitividad
La última edición del Índice de Competitividad Global, que el Foro Económico Mundial divulgó días atrás, marcó que Uruguay se ubicó en el puesto 76 de un total de 137 países relevados (cuanto más cerca de la primera ubicación, mejor desempeño tuvo la economía analizada). Brasil, en tanto, quedó en el lugar 80 y Argentina en el 92.

Más allá de que Uruguay logró estar más arriba que sus vecinos, Verónica Raffo señaló la “asimetría” existente entre los diferentes indicadores que se utilizan para construir el índice. De hecho, dijo, en “eficiencia del mercado laboral”, Uruguay consiguió un lejano puesto 121. “Estamos un poco peor que el promedio de toda Latinoamérica”, dijo. En esta dimensión, Brasil estuvo en el lugar 114 y Argentina en el 132. “Uruguay ya tiene dentro de la construcción de su competitividad como país un problema con la eficiencia del mercado laboral, que por sus rigideces tiende a bajar su nivel de competitividad”, apuntó.

En tanto, el abogado senior de Servicios Legales de PwC, Ignacio López Viana, apuntó que la reforma laboral brasileña “ha sacudido bastante la región” y aunque Argentina “parecería estar en la misma línea”, será un proceso “un tanto más cauteloso”. López Viana agregó que si bien en Uruguay “todavía no hay ninguna intención de llevar a cabo” una medida similar, sí “se está mirando con mucha atención qué pasa en esos países”. En Brasil “indudablemente” tendrá una fuerte repercusión en los contratos y en los sindicatos, “que aparentemente perderían bastante fuerza”, dijo.

La reforma brasileña generará 260.000 puestos de trabajo más entre 2018 y 2019 que si la ley no se hubiese aprobado, según cálculos del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas.

Fuente: El País