Juan Somavía, el abogado y diplomático chileno que desde 1999 dirige la Organización Internacional del Trabajo, finalmente asomará su blanca y espesa barba en el escenario de las relaciones laborales en Uruguay. Somavía, reelecto no hace mucho para un tercer período al frente de esa importante agencia de las Naciones Unidas, fue el primer nativo…

Juan Somavía, el abogado y diplomático chileno que desde 1999 dirige la Organización Internacional del Trabajo, finalmente asomará su blanca y espesa barba en el escenario de las relaciones laborales en Uruguay. Somavía, reelecto no hace mucho para un tercer período al frente de esa importante agencia de las Naciones Unidas, fue el primer nativo del hemisferio sur en hacerse cargo de esa importante responsabilidad, que ha venido cumpliendo con general aprobación. Pero su recalada uruguaya, para la que aún no se ha señalado una fecha, importa por razones que van más allá de la personalidad y trayectoria del visitante. Esos motivos bien que merecen alguna reflexión.

Durante muchos años el nombre de la OIT se ha vinculado en Uruguay a las reclamaciones de las gremiales de trabajadores. Y la circunstancia de que la anunciada visita se relacione ahora a demandas de las cámaras empresarias es una clara señal de los importantes cambios que se han registrado en los últimos tiempos en las relaciones laborales y en su regulación legal. Cambios que no en todos los casos han sido favorables para el estímulo de la inversión y el crecimiento de la economía nacional.

La decisión de invitar a Somavía se adoptó en la sesión del lunes del Consejo de Ministros y es una respuesta directa a una solicitud que el Comité de Libertad Sindical del organismo internacional comunicó al gobierno con el propósito de realizar una inspección que, a su vez, fue promovida por denuncias del sector empresario. En el comunicado de Presidencia se anuncia como inmediata la visita de la jefa de gabinete del jerarca de la OIT, que coordinará la agenda del visitante y de los demás especialistas de la organización que lo acompañarán en su misión en el país.

Si se busca el principio de esta historia, el mismo habrá de encontrarse en la denuncia realizada en setiembre del año pasado por las Cámaras de Industrias -que entonces presidía Diego Balestra- y por la Cámara de Comercio, bajo la presidencia de Alfonso Varela. La nota con la denuncia de las cámaras empresariales llevaba el título de “Ampliación de la queja contra el gobierno de la República Oriental del Uruguay ante el Comité de Libertad Sindical” y se convirtió en el caso interno Nº 2.699 en los registros del organismo.

La queja versaba, en primer término, sobre las disposiciones del gobierno en torno a la ocupación de lugares de trabajo. Para el Comité de Libertad Sindical, tanto en el ejercicio del derecho de huelga como ante la ocupación de lugares de trabajo se debe amparar la libertad de trabajo de quienes no quieren acatar la medida, como el derecho de los empresarios a ingresar a todas las instalaciones de las empresas en conflicto.

En cuanto a la también denunciada ley de Negociación Colectiva, el organismo recomendó que en una instancia de consulta con las partes en conflicto se busque un acuerdo sobre sus modificaciones. Documentos oficiales de la OIT con anterioridad a las quejas empresariales habían dado cuenta de la necesidad de que se promoviera la negociación voluntaria entre trabajadores y empresarios sin participación ni injerencia de las autoridades públicas. Cuando la ley cuestionada era solamente un proyecto y la OIT sostenía que la negociación bipartita no fuera sustituida en la práctica por uno de tres interlocutores, con el Estado en una posición capaz de volcar las decisiones hacia una u otra posición.

La queja empresarial señalaba que “haciendo gala de un ostensible incumplimiento, el gobierno ha convocado a la negociación colectiva dentro del marco de la ley cuestionada (18.566), habiendo iniciado las negociaciones sin modificar la ley en el sentido dispuesto por el informe del Comité”. También se indicaba que la tardanza en ajustar la ley tenía “como inmediata y perjudicial consecuencia la incertidumbre jurídica para los convenios que se suscriban” de acuerdo con las normas cuestionadas.

Esos pasos fueron los que originaron el pedido de una intervención directa del organismo. La invitación del gobierno al director de la OIT resulta en una salida más elegante que la realización lisa y llana de un procedimiento inspectivo y en ese sentido, es un acierto diplomático del ministro Eduardo Brenta, quien sin dudas aprovechó bien su reciente estadía en la sede del organismo.

Más allá de esas consideraciones, en lo que hoy es un escenario muy poco amigable para la actividad empresaria y para la inversión, no puede dejarse de ver que las inversiones que multiplican el empleo y la oferta de trabajo no son solamente las asociadas a megaproyectos, como Botnia, la nueva papelera en Colonia o el proyecto minero de Aratirí. Porque es muy importante que quienes conducen las tan numerosas Pyme nacionales, que brindan la mayoría de los puestos de trabajo, sientan confianza en el futuro y no el temor de una actitud prepotente de los sindicatos y de la ocupación de sus empresas. En un ambiente así, los empresarios tienen muy poco aliciente para ampliarse o abrir nuevos puestos de trabajo.

Lo importante también es que las recomendaciones de la OIT, tantas