Aportes al proyecto de ley para mitigar desigualdades en zonas de frontera

La economista Ana Laura Fernández, en representación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, presentó ante legisladores la posición del sector sobre el proyecto de ley “Economía de las zonas fronterizas”. Desde la Cámara se valoró el enfoque del proyecto, pero advirtió sobre la necesidad de evitar nuevas distorsiones competitivas y de asegurar controles efectivos, coherencia normativa y monitoreo permanente del impacto.

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy) participó, el pasado 9 de julio, en una sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para intercambiar visiones sobre el proyecto de ley “Economía de las zonas fronterizas. Normas para mitigar las diferencias de los precios relativos con los países limítrofes”.

En representación de la CCSUy, asistió la economista Ana Laura Fernández, quien trasladó la posición institucional sobre esta problemática que afecta de forma estructural al comercio en las zonas de frontera, especialmente en el actual contexto de fuerte asimetría con Brasil.

Durante su intervención, Fernández valoró como una señal positiva la presentación de un proyecto que busca atender una realidad compleja, tanto desde lo económico como desde lo social.

Según explicó, este tipo de medidas son necesarias para revitalizar el empleo, las empresas y las economías locales, pero deben contemplar los riesgos de crear nuevas desigualdades entre empresas sujetas a distintos marcos regulatorios. En este sentido, se manifestaron algunas consideraciones clave:

• Régimen simplificado y competencia desigual: Se expresó preocupación por el impacto que las condiciones especiales podrían generar en el resto del sector privado. Fernández señaló que este tipo de tratamientos diferenciados deben ser cuidadosamente evaluados para evitar distorsiones.

“La preocupación tiene que ver con la construcción o la generación de estos ámbitos o espacios de tratamiento desigual, de diferentes condiciones de competencia, y cómo eso al final del día podría impactar en el resto del sector privado, en el resto de las empresas, tanto importadoras como las que se dedican a la producción nacional.”

• Controles y fiscalización: se enfatizó la necesidad de garantizar que las autoridades tengan la capacidad real de controlar el cumplimiento efectivo de las condiciones del régimen:

 “Muchas veces falta la capacidad para poder controlar lo que está escrito en la normativa. Eso lo vivimos a diario con los diferentes organismos, y por eso creo que es importante garantizar que las entidades de control, DGI, BPS o Aduana, cuenten efectivamente con los recursos financieros y las herramientas para implementar un correcto cumplimiento de lo establecido en la normativa y evitar distorsiones.”

• Coordinación institucional: Se destacó la importancia de que las diferentes políticas públicas sean coherentes entre sí, evitando mensajes contradictorios a las empresas, especialmente en lo que refiere a política salarial y estímulos fiscales:

 “Por un lado, estamos hablando de que a las empresas de la zona fronteriza les estamos haciendo una reducción de los aportes patronales y, por otro, en los lineamientos estamos poniendo sobre la mesa un ajuste diferencial de mayor magnitud para aquellos salarios más bajos, entendiendo que justamente en estas zonas fronterizas es donde se concentra gran parte de esta población.”

• Reducción del IVA y exoneraciones: Se valoraron positivamente los instrumentos orientados a fortalecer el consumo formal y la generación de empleo en las zonas afectadas:

“La exoneración de los aportes patronales también la vemos con buenos ojos. Valoramos positivamente una medida tendiente a la creación neta de empleo formal [...]. La reducción del IVA es una herramienta potente para formalizar y promover un mayor consumo en esa zona, justamente con el objetivo que mencionábamos al principio: revitalizar la actividad comercial allí, y siempre dentro de los canales formales.”

• Monitoreo y criterios objetivos: Finalmente, se insistió en la necesidad de establecer indicadores claros y mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de las medidas:

“Entendemos que es clave que quede definido por escrito y en la normativa posterior cuáles son las condiciones que podrían estar activando o no la implementación de estas herramientas, y el cómo.”

Desde la CCSUy se reafirma la disposición a colaborar activamente en la construcción de políticas públicas que mejoren la competitividad y favorezcan el desarrollo del comercio formal en todo el territorio nacional.

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